La Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificó los procesamientos de ocho militares y policías, y en su último plenario la Corte Electoral resolvió suspenderles el derecho al voto para las elecciones nacionales. En los cuadernos de hojas electorales en las que figuren aparecerá una advertencia de suspensión. Sin embargo, fuentes de la Corte Electoral afirmaron que el Poder Judicial no envió la comunicación de procesamiento del dictador Juan María Bordaberry, que sigue habilitado al igual que su canciller, Juan Carlos Blanco. Ambos habían sido encarcelados en noviembre de 2006 por la coautoría en los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y un mes después, el ex presidente recibió un nuevo procesamiento, en esa ocasión por el homicidio agravado de diez personas.
Por esas fechas también era procesado Gavazzo por la desaparición forzada de Adalberto Sosa. Fue recluido en la cárcel de Domingo Arena, junto a los coencausados José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, y los policías Ricardo Medina y José Sande Lima. En tres años, la SCJ no envió los autos de procesamiento a la Corte Electoral y para las internas estuvieron habilitados para sufragar. Si bien la prisión les imposibilitó acudir a las urnas, el hecho de estar incluidos en el padrón influyó a la hora de contabilizar cuántas eran las firmas necesarias para habilitar el plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad (el 10% del total de los inscriptos y habilitados en el Registro Cívico Nacional).
Rumbo seguro
La abogada Rossana Gavazzo, hija del militar procesado, está “absolutamente de acuerdo” con lo expresado en varias oportunidades por Luis Alberto Lacalle, que interpretó que con la anulación de la Ley de Caducidad los detenidos por crímenes de lesa humanidad podrían quedar en libertad. Para la doctora Gavazzo, sin embargo, a pesar de que eso “debería ser así” es difícil que suceda en el futuro ya que, según vaticina, si el próximo domingo se alcanza el 50% más uno necesario para lograr la anulación, los militares permanecerán en prisión.
“Con este tema el gobierno ha hecho lo que ha querido y seguramente lo seguirá haciendo. En la práctica, sin la ley, van a seguir las citaciones”, advirtió Gavazzo, que ha defendido a su padre en los estrados. De todas formas, y a pesar de que el triunfo del Sí podría resultar conveniente para sus intereses, Gavazzo no está dispuesta a dar su voto para contribuir con la anulación. “Hay que respetar las leyes”, dijo.
Guillermo Paysée, abogado de Serpaj, opinó que esa posición constituye un “disparate jurídico sin fundamento”, y que la nulidad “no tiene nada que ver con la excarcelación de los militares”. Su colega Hebe Martínez Burlé hace la misma interpretación. “Los militares están procesados por delitos comunes dentro de la legislación común, y para eso fueron excluidos de la Ley de Caducidad, lo que es una potestad del Ejecutivo. Es algo que Lacalle debería saber”, replicó Martínez Burlé.