El Ministerio de Defensa no adoptó hasta el momento ninguna resolución con respecto a las declaraciones formuladas por Purtscher, director del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), que ayer dirigió la operación denominada Ibirapitá en Maldonado (ver nota en esta misma página). En declaraciones a la diaria publicadas ayer, Purtscher sostuvo que anular la Ley de Caducidad sería una “aberración jurídica” y que las Fuerzas Armadas están “muy preocupadas” ante esa posibilidad porque “no hay seguridad jurídica”. Agregó, además, que durante el gobierno del Frente Amplio los militares fueron “castigados duramente” y que los procesamientos de militares responsables de violaciones a los derechos humanos “afectan grandemente” a las FFAA.
El numeral 4º del artículo 77 de la Constitución establece que “los militares en actividad, cualquiera sea su grado”, deberán “abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.
Una fuente allegada al presidente Tabaré Vázquez opinó que las declaraciones de Purtscher son “tremendas”. Consideró que esto busca “provocar” a menos de un mes de las elecciones nacionales y estimó que el gobierno no debería “entrar en el juego”. Aunque recordó que “por mucho menos le pegaron una patada a Díaz”. El gobierno destituyó en octubre de 2006 al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, por reunirse con el dirigente colorado Julio María Sanguinetti sin avisar a las autoridades.
Ayer por la mañana el ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, fue hasta el despacho del subsecretario Gabriel Castellá y le preguntó si había leído las declaraciones. Castellá admitió a la diaria que existe preocupación en las autoridades de la cartera por estas declaraciones pero no quiso emitir opinión hasta analizar a fondo con el ministro la situación. Este medio no pudo comunicarse con Fernández.
Medidos y medidas
El ex ministro de Defensa José Bayardi no quiso opinar sobre el tema. “Tengo una posición muy firme al respecto, pero no la voy a dar porque estaría invadiendo al ministro actual, sería entrometerme”, consideró. Juan Faroppa dijo a la diaria que no leyó la entrevista, pero apuntó que si el general dijo eso, “está inhibido de hacer ese tipo de manifestaciones” y “obviamente el Ministerio de Defensa va a tomar las medidas que tenga que tomar”.
Luis Puig, integrante de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, opinó, en tanto, que es “intolerable que jerarcas militares en actividad sigan haciendo apología del terrorismo de Estado y ejerciendo presión sobre la sociedad” para evitar que se anule la ley. Afirmó que esto es consecuencia de “la impunidad que se mantuvo durante décadas” en el país. “Esto muestra que es imprescindible la anulación para que quede claro que asesinar, torturar y secuestrar niños no va a suceder nunca más en este país”, enfatizó.
En tanto, Felipe Michelini se manifestó “realmente sorprendido de que se pretenda opinar en términos personales cuando se trata de un oficial superior en actividad que claramente está dando opiniones políticas”, cuando tiene “expresa prohibición de hacerlas”. “Sin perjuicio de entender la angustia de que este general tenga amigos que están en una situación delicada desde el punto de vista procesal, lo que no es comprensible son los argumentos. Se habla de aberración jurídica... La tortura, la desaparición forzada, ésa es la aberración. Me da mucha pena que un general de mi país no repudie esos hechos, que están prohibidos por el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra”, expresó.
Se refirió también a la preocupación de Purtscher por que “muchos” militares puedan “ir presos”. “Presos por hechos repugnantes, que son una afrenta a nuestro país. Si se anulara [la ley], se va a poder separar la paja del trigo, y deslindar responsabilidad con las garantías del debido proceso, garantías que no tuvieron las víctimas de la dictadura”, remarcó. Sostuvo, además, que el gobierno del FA trató “con respeto” a las FFAA, no “a los criminales vestidos de uniforme”. “A la brevedad vamos a contactarnos con el ministro de Defensa, porque esto no corresponde. Aspiramos a que se termine el pacto mafioso que se ha hecho. Las víctimas ameritan el reconocimiento de los hechos y que se les pida perdón de una vez por todas”, concluyó.