Ayer se cumplieron 26 años del caceroleo contra la dictadura convocado el 25 de agosto de 1983 por la llamada Intersectorial, formada ese mismo mes por una amplia gama de partidos y organizaciones sociales. El 5 de julio habían terminado sin acuerdos las negociaciones del Parque Hotel entre representantes de las Fuerzas Armadas y de los partidos habilitados (el Colorado, el Nacional y la Unión Cívica), y luego se produjo un endurecimiento del régimen, que incluyó la prohibición de un acto interpartidario “de reafirmación democrática” previsto para el 6 de agosto. Hoy se cumplen 25 años de la Convención del Partido Nacional que aceptó la renuncia de los integrantes de la fórmula electoral proclamada el 17 de diciembre de 1983, Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereyra, y los sustituyó por una nueva fórmula integrada por Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre. En un año y un día se había desarticulado el frente social y político de oposición que tuvo su máxima expresión pública el 27 de noviembre de 1983, en el acto del Obelisco “por un Uruguay democrático sin exclusiones”. Durante la primera mitad de 1984, y en especial después de la liberación del general Liber Seregni, el 19 de marzo de ese año, se separaron los caminos. La mayoría blanca alineada detrás de Ferreira insistió en el reclamo de una apertura total, que permitiera, entre otras cosas, la postulación a la presidencia de su líder, mientras que los colorados, encabezados por Julio María Sanguinetti, y una amplia mayoría de los frenteamplistas, conducida por Seregni, aceptaban que el precio para llegar a las elecciones fuera su realización con presos y proscriptos. No podemos verificar en qué medida los planteos de cada parte obedecían a lo que creían posible o a lo que consideraban más conveniente, para el país o para sus propios intereses. La última carta que jugó Ferreira fue regresar al país, el 16 de junio. Lo encarcelaron sin que eso condujera a nada parecido al 17 de octubre peronista de 1945. Colorados, frenteamplistas y cívicos acordaron con los militares, el 3 de agosto, las “Bases para la transición”, más conocidas como “Pacto del Club Naval”. Ese documento previó la posibilidad de que se declararan “estados de insurrección”, con poderes de emergencia para el Ejecutivo, y la elaboración de una nueva Constitución por parte de la Asamblea General, a plebiscitarse en 1985. La mayoría blanca dijo pestes de ese pacto, pero el 26 de agosto del 84, como se dijo, aceptó participar en las elecciones con Wilson preso. El 25 de noviembre ganó el Partido Colorado, y dentro de él la fórmula que encabezaba Sanguinetti. El 30 de noviembre fue liberado Ferreira. Cuatro meses después no había presos políticos ni proscripciones. El estado de insurrección nunca se aplicó y la Asamblea General no propuso ninguna reforma constitucional. Todavía se discute sobre aquella transición con claroscuros, a la que siguieron la aprobación, en 1986, de la Ley de Caducidad (con apoyo de Ferreira) y su ratificación en el referendo de abril de 1989. Los procesos de ese tipo no dan resultados químicamente puros, y a menudo ni siquiera los resultados previstos. Así ocurrió también hace 184 años y un día, el 25 de agosto de 1825, tras la negociación que desembocó en una “declaratoria de la independencia” de la Provincia Oriental respecto de Brasil, que, a la vez, la reincorporaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata...