En las próximas horas el grupo belga Katoen Natie, dueño del 80% de las acciones de la Terminal de contenedores Cuenca del Plata (TCP), presentará ante Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores una carta manifestando su oposición a la promulgación de la ley que habilita la subasta de una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo y solicitando el inicio de los procedimientos de solución de controversias previstos en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Bélgica en 2001. Según explicó el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, la presentación está en manos de tres estudios de abogados: uno de Vancouver, uno de Nueva York y uno de Londres.
A partir de la presentación del pedido, el gobierno uruguayo debería, según Correa, convocar a un período de negociación con un plazo máximo de seis meses. Si en este período no se llega a un acuerdo, como parece probable, se iniciaría un proceso de arbitraje internacional.
Según Katoen Natie, la creación de una segunda terminal de contenedores viola el contrato firmado por el Estado uruguayo al momento de la instalación de TCP, y afecta el cumplimiento de las obligaciones por parte del grupo inversor. De todas formas, el gerente aclaró que el inicio de estas acciones no implica que esté “en juego” la permanencia de las inversiones del grupo en Uruguay.