La época del festejen

La jornada comenzó a las 9.00 en el Hospital de Bella Unión, donde la comitiva presidencial visitó las nuevas salas de emergencia, internación, obstetricia, hemoterapia y farmacia, y luego cruzó hasta un centro diurno del INAU. Allí Vázquez pidió “no estigmatizar” a los más de 60 mil niños y adolescentes internados en dependencias de ese organismo.

El destino siguiente fue el barrio Las Láminas. Poco después de las 10.00 llegaron hasta la policlínica barrial, además de Vázquez y Nin Novoa, los ministros Carlos Colacce (Vivienda), María Julia Muñoz (Salud Pública) y Víctor Rossi (Transporte), el director de OSE, Martín Ponce de León, y la titular del PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares), Susana Pereyra. “¿Quién es ése, papá?”, preguntó en la puerta de la policlínica un niño con cara de susto ante tanto revuelo. “El presidente, Facundo, el presidente”, le respondió el padre, mientras intentaba salvarlo de una turba de periodistas. Hubo saludos, elogios y varios pedidos a Vázquez para que firmara banderas, incluyendo una roja del Movimiento de Participación Popular (MPP). Las Láminas, donde viven unas 200 familias, está a tres kilómetros del centro de Bella Unión, sobre la ruta que lleva hasta la brasileña Barra do Quaraí (ver recuadro). El barrio comenzó a ser noticia en 2002, cuando se conocieron datos alarmantes de la mortalidad infantil que sufría la zona, aunque muchos habitantes de Bella Unión coinciden en que la misma situación de extrema pobreza se podía apreciar en otros asentamientos de la ciudad. En todas las denuncias sobre la situación de Las Láminas fue fundamental la doctora María Elena Curbelo, una ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Ayer en su discurso se refirió a la reducción de las tasas de mortalidad durante este gobierno y a las políticas que se aplican para atender las secuelas de muchos niños que sufrieron problemas de alimentación. “Falta mucho todavía, pero somos un barrio con esperanza”, sintetizó Curbelo. Vázquez coincidió con el planteo: “Se hizo mucho, pero [las tasas] tienen que bajar más”. Planes de atención materno-infantiles, atención a las madres adolescentes, controles de preparto y neonatales y tratamientos especiales para niños menores a un año fueron algunas de las medidas que puso como ejemplo. Transmitió su “sensación de tranquilidad” porque el gobierno está en el camino de “superar situaciones difíciles”, y desafió a preguntarles a los vecinos de Las Láminas cuánto mejoró su situación. “Ellos lo van a decir mejor que yo”, fue la frase que utilizó.

Me gustas mucho

Por otra parte, Vázquez anunció que en octubre empiezan los trabajos de prospección de gas natural y petróleo en el Río de la Plata y se mostró confiado en que la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -ver página 4- discuta la instalación de bases militares en territorio latinoamericano. “Hay algunas [cumbres] que sirven. Recuerdo una de Unasur cuando en Bolivia se corría el riesgo de una caída institucional que sirvió para apaciguar la situación. A veces no dan los resultados esperados, pero otras veces sí”, reflexionó. Terminó la rueda de prensa y emprendió la retirada de la policlínica, aunque en el camino lo esperaban más abrazos y solicitudes de autógrafos. Por estos días, una interrogante que se abre en filas de la izquierda es el papel que desempeñará Vázquez cuando abandone la presidencia, en marzo del año que viene. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, por ejemplo, sigue convencido de que Vázquez tiene que ser el candidato frenteamplista a la presidencia en las elecciones de 2014. “Sigo pensando eso mismo, claramente”, respondió ayer a la diaria en Bella Unión, ratificando lo que había sugerido en un acto de su sector, la Alianza Progresista, en marzo de este año. Para antes de eso, es decir, durante el próximo gobierno, Nin Novoa imagina a Vázquez “pesando mucho” en la fuerza política, aunque “desde ningún cargo en particular”. El ministro de Trabajo, Julio Baráibar, coincidió en que Vázquez está llamado a ocupar un “rol determinante” en la estructura del FA. “Pero él también es un científico, un oncólogo prestigioso y reconocido mundialmente, y desde donde elija dar su aporte siempre va a estar bien. Pero el lugar que ocupa en el pueblo uruguayo ya no se lo quita nadie”, marcó.

Agua dulce

Los sindicatos de Bella Unión piden que el Estado expropie los sistemas de riego de las cooperativas agrarias que operan en la extensa zona cañera. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la dirección de Alur y el Ministerio de Ganadería analizan esta situación en una comisión, y en las próximas semanas habrá novedades. Germán Moraes, del sindicato de una de esas cooperativas, Calagua, explicó a la diaria que desde hace cuatro años reclaman la intervención de los recursos hídricos. “Pero ahora, y viendo las desigualdades de precios que se mantienen, ya hablamos de expropiación y pensamos que a través de un sistema de cogestión con los trabajadores se podrían bajar esos costos”, propuso. En tanto, Leonardo de León, director de Alur, admitió que el organismo pretende impulsar “cambios de fondo” en esta área, aunque “todavía no hay nada concreto”. “Partimos de un diagnóstico: que los sistemas de riego que se usan necesitan inversiones. Hoy lo están discutiendo los ministerios que tienen competencia en el tema”, confió el jerarca. Alur ya compró equipos modernos por un millón de dólares, pero todavía falta decidir cómo será la gestión. De León agregó que para la empresa sucro-alcoholera el control y funcionamiento de los sistemas de riego en el área cañera resulta “clave y estratégico”. “Hay muchos temas resueltos y todo el emprendimiento funciona muy bien, pero también decimos que quizás el riego sea el tema más importante para resolver. Y se necesitan decisiones de fondo, no intermedias”, enfatizó el vocero de Alur. El suministro de riego en Bella Unión depende de tres empresas privadas: Calagua, Calpica y Soforuse, y algunos productores cuentan con sistemas independientes. En el período 2008-2009, Calagua prestó servicios a 3.100 hectáreas a un promedio de 526 dólares por cada una, Calpica lo hizo para 900 hectáreas fijando la tarifa a 723 dólares, y Soforuse a unas 700 hectáreas por un valor de 231 dólares. En una carta que la Comisión del Agua le envió la semana pasada al titular de la Dirección de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, José Luis Genta, se afirma que estas empresas “bajo la forma jurídica de cooperativas” trabajan con una “lógica empresaria” y lucran con el suministro del agua, además de ser “grandes deudoras” del Estado.