“La grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito nos determina declarar, a partir del día de hoy, el estado de emergencia humanitaria en todo el país” (Tabaré Vázquez al asumir la presidencia, marzo de 2005).

La atención de esta emergencia es uno de los grandes saldos en rojo del gobierno de Vázquez. El propio oficialismo lo admite y trata, a las apuradas, de enmendar errores. Pero las acciones no se han acompasado con las buenas intenciones. Hay progresos, aunque muy lentos.

Luego del descongestionamiento que determinó la Ley de Humanización de Cárceles de 2005, que no fue una mera liberación de presos, persisten el hacinamiento, la mala alimentación, la falta de atención a la salud, la violencia, la proliferación de armas blancas y de fuego, el ocio improductivo que gobierna el espíritu de la gran mayoría de los reclusos.

“Somos parte de un país que tiene problemas de superpoblación en las cárceles, consecuencia, entre otras cosas, del crecimiento de los delitos en los últimos 20 años, de una mayor eficiencia policial y de carencias de infraestructura carcelaria que se arrastran de muchos años atrás” (Ministro del Interior, Jorge Bruni, en columna publicada por Montevideo Portal el lunes 24).

Las omisiones del pasado no disculpan las del actual gobierno. En estos 53 meses de gestión no hubo grandes avances en la capacidad de alojamiento de las prisiones. En marzo de este año, Vázquez exigió a todos sus ministros que cedieran locales para albergar reclusos, y fue después de que el relator de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, calificó de “infrahumanas” las condiciones de vida en esos establecimientos. La conclusión de las obras está prevista para el próximo período presidencial. Por ahora, los más de 8.000 presos viven en edificaciones construidas para un total de 6.000.

Los legisladores recién recibieron a principios de este mes el proyecto de reforma del proceso penal de la comisión de expertos que el gobierno designó para redactarla. El código actual y la mala leche del sistema judicial alientan la prisión sin condena. En consecuencia, más de 30 por ciento de la población carcelaria es, a los ojos de la ley, inocente, y no está separada del resto. “Ya lo he hablado con policías que han trabajado en cárceles por años. Es una verdadera tragedia que quedará grabada desgraciadamente en la historia uruguaya” (Comisionado penitenciario parlamentario, Álvaro Garcé, el miércoles al portal Observa).

Pocas horas después de conocida la columna de Bruni en Montevideo Portal, la muerte de cinco reclusos en el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Compen) diluía su mensaje esperanzador. Los cinco estaban confinados a una celda de cuatro metros por tres. Prendieron fuego a trozos de colchón para exigir su traslado a Libertad. La asfixia elevó a casi 20 la lista de vidas humanas perdidas en el actual período de gobierno por culpa de la violencia entre rejas.

“Tenemos que resolver el problema carcelario, estoy de acuerdo. Pero […] no se arregla haciendo más cárceles. […] Me tengo fe para este problema, porque conozco más que [Luis] Lacalle y que todos ellos. Acá todos los técnicos que ponen no estuvieron media hora adentro de un calabozo. No saben cómo reacciona un tipo ahí” (Candidato presidencial del Frente Amplio, José Mujica, el miércoles 26, a Canal 4).

¿Es posible realojar a los hacinados sin nuevas cárceles y sin violar la ley de la física que impide a dos cuerpos ocupar el mismo espacio? Marcelo Roldán, también conocido como El Pelado, conoce mucho del asunto. Más que Mujica. Tal vez él sepa cómo hacerlo.

“En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito” (Artículo 26 de la Constitución).

Las visitas personales no son necesarias para notar el incumplimiento de este precepto. Basta observar en Internet el último informe del comisionado Garcé. Sus anexos incluyen una dolorosa colección de fotografías. Si se afina la sensibilidad, las imágenes emiten un griterío ensordecedor, un hedor sofocante.

El gobierno informó este año de un enorme logro: 45 por ciento de los presos uruguayos estudian o trabajan, alentados por la Ley de Humanización, que les permite reducir así sus penas. Ese porcentaje tiene su contracara: más de la mitad no hacen nada por “reeducarse”. La alternativa es “actuar radicalmente” o “seguir confiando en los parches”, como observó Garcé el año pasado, en el prólogo del libro Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay. La olla está tapada. A presión. ¿Verlo así es exigirle demasiado al gobierno? ¿No fue Vázquez el que habló de “emergencia” en su primer día como presidente?