Sendic compareció acompañado del Directorio interino de Antel en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados a instancias del diputado Javier García (Alianza Nacional). Según García, las respuestas de Sendic y del presidente interino de Antel, Beno Ruchansky, dejaron más preguntas sobre el ingreso a Antel del policía Elbio Román Suárez, quien logró que lo contrataran mediante una llamada telefónica en la que se hizo pasar por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, y sobre la vinculación de este impostor con el ex vicepresidente del ente Gonzalo Perera, quien fue sustituido por Uranga tras ser procesado sin prisión por simulación de delito.
La semana pasada el presidente Tabaré Vázquez solicitó a Ruchansky que investigara los hechos en torno al ingreso de Román Suárez a fin de restablecer y garantizar la transparencia de la gestión en Antel. Presidencia también realizó una denuncia penal ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, cuyo resultado fue que uno de los temas a investigar es la conexión entre el impostor y Perera. En tanto, la fiscal Mónica Ferrero solicitó el expediente del caso Antel para analizar posibles derivaciones.
El diputado blanco Mauricio Cusano (Alianza Nacional) adelantó a la diaria que hizo un pedido de informes al Ministerio de Industria ante la sospecha de “tráfico de influencia” en una licitación para la adquisición de aparatos celulares y sus accesorios. Según indicó, existen indicios de que todos los llamados públicos los ganó “un pariente de Perera”. “Si tiene datos que haga una denuncia por fraude, no un pedido de informe”, desafió Brenta al ser consultado al respecto.
García por su parte señaló contradicciones entre Sendic y Ruchansky. Este último habló de la conformación de una “comisión de expertos” para estudiar el programa de facturación Orion teniendo en cuenta un correo electrónico en el que Perera advertía a los directores del ente de que “alguna circunstancia podría hacer añicos la empresa”. El ministro desestimó esa posibilidad por “una razón humana” vinculada al “estado emocional” de Perera.
Sobre la forma de ingreso del impostor, García entiende que es un “claro elemento de clientelismo al que le quieren quitar trascendencia”. El diputado herrerista Pablo Abdala añadió que “se ratificó” que hace tres semanas Carvalho “mintió en el Parlamento” al decir que no se estaba realizando una investigación administrativa “cuando le declaró lo contrario a Gatti”. Los legisladores blancos afirman que “quedó demostrado que en esta administración alguien puede ingresar por teléfono”. “Me pregunto cuántas de esas llamadas hubo en esta administración”, ironizó Cusano. “Nadie sabe cuántas de esas llamadas pudo haber, pero si Presidencia se entera, se va para afuera. En este gobierno, a diferencia del de [Luis Alberto] Lacalle no se admite el ingreso por recomendación de nadie”, retrucó Brenta, quien presentó documentación de la contratación de más de 200 adscriptos en el gobierno de Lacalle, cuando en esta administración “sólo se tomaron 40”. “Eso sí es clientelismo”, enfatizó.
“Carvalho cometió un error que no roza su honorabilidad porque no fue la política de Carvalho el clientelismo. Y junto con Uranga acataron la renuncia”, señaló Brenta. Con respecto a la contratación del hijo de la ex jerarca, el lunes Sendic dijo que si bien no es ilegal, sí es “inconveniente”. Brenta ayer reconoció que debería haberse realizado un llamado público para ingeniero eléctrico y no que el directorio votara su ingreso considerando el orden de prelación. “¿Cómo puede sostener Sendic que este ‘inconveniente’ -como él le llama- no le ocasionó daños a la empresa cuando todavía hay dos investigaciones en curso y están todos los cabos sueltos?”, protestó García, quien anunció que esperará los resultados de las pesquisas antes de definir otra acción política.