El punto cobra relevancia en momentos en los que los partidos con representación parlamentaria discuten con el gobierno la nueva integración de los entes y servicios descentralizados, bajo la premisa de que la oposición debe controlar al oficialismo. Al momento de solicitar esta comisión, el FA alegó que había sido dejado al margen de esos organismos en las últimas administraciones, algo parecido a lo que criticaron estos años tanto el Partido Colorado (PC) como el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente.

Los integrantes de las bancadas blanca y colorada pertenecientes a la comisión ya entregaron sus respectivos preinformes a la secretaría de la comisión. No así la bancada frenteamplista que, según Varela, tiene el suyo “preparado” pero no ha sido entregado porque “no se pudieron conseguir todas las firmas necesarias para presentarlo”. Esto se debió, según argumentó, a problemas prácticos” de fin de año, como licencias e “imposibilidad de ubicar a otros legisladores”.

Una vez que estén todos los preinformes, habrá que esperar un plazo de 20 días para que quienes sean mencionados hagan sus descargos. Sólo una vez que se haya realizado este proceso se podrá poner a consideración uno o varios informes finales al pleno de la cámara. Pero como sólo los preinformes de los partidos tradicionales fueron entregados, la comisión, creada a comienzos del actual período de gobierno a pedido de José Carlos Mahía (AU), el Frente Amplio podría entonces postergar el suyo. Varela señaló a la diaria que “si no se pudiera entregar en este período, se podrá retomar en el siguiente”, aunque aclaró que no es bueno suponer algo que “no va a pasar” porque el preinforme del FA se “entregará en enero”.

“La montaña parió un ratón”, ironizó el diputado Gustavo Borsari (Herrerismo) al ser consultado por este probable escenario. El representante blanco ha declarado durante estos años que la Investigadora era, más que un intento por clarificar hechos ocurridos en los entes entre 2000 y 2005, una maniobra política de la izquierda para cuestionar lo hecho en el pasado y “tapar” lo del presente. Desde la oposición ya se anunció que no se descarta solicitar un ámbito similar para estudiar la gestión del FA, y mencionan a Pluna y Antel como dos de los organismos que ameritarían un análisis parlamentario. Otras fuentes del Partido Nacional declararon que existió una clara omisión del Frente Amplio, y que con el paso del tiempo “perdió interés en el tema”.

El álbum blanco

la diaria accedió al preinforme del PN, que evalúa el funcionamiento de la Comisión Investigadora y que contiene un resumen caso por caso. Se destaca que el sector político propuso investigar “sin éxito” el período posterior al 1º de marzo de 2005 y que en algunas sesiones de la comisión existió una “notoria intencionalidad política de algunos miembros de mayoría oficialista”, que “en numerosos casos implicaron un injustificado acoso a quienes comparecieron y colaboraron con las actuaciones de referencia”.

En relación con el Banco Hipotecario del Uruguay, los blancos destacan que desde el punto de vista de la “buena administración”, los ex directores Salomón Noachas (colorado) y Jorge Sacchi (nacionalista) actuaron “incorrectamente” respecto a las “intervenciones quirúrgicas realizadas en el exterior” con fondos provenientes de la institución. Ambos ex jerarcas fueron procesados por estas cuestiones, tras denuncias hechas por sus sucesores.

Por otro lado, en Antel ninguna de las “investigaciones administrativas realizadas” en el período constituyeron la existencia de “irregularidades, delito o dolo por parte de los directores”, ni tampoco se aportó prueba documental o testimonial donde se demostrara que existió observaciones de los órganos de contralor, de los servicios jurídicos de Antel, de las gerencias o de la propia auditoría”. También se descartó cualquier “injerencia” de los directores en las “resoluciones gerenciales de cualquier materia”. Se destaca también que la inversión en publicidad en ese período fue “inferior” a las anteriores y “sustancialmente” menor a “la que se gastó en el período 2005-2009”.

En cuanto a OSE, enfatiza que la “comisión no encontró irregularidades en los temas tratados” sin perjuicio de las posibles “diferencias que pueden considerarse en cuanto a la oportunidad y conveniencia de los actos administrativos”, que pueden tener “valoraciones subjetivas”. El documento resalta que si bien “muchos de los temas” en los que se trabajó fueron “tratados en el ámbito judicial”, el hecho de que “muchos hayan sido desestimados por la Justicia hace reflexionar acerca de si no fue demasiado amplia la gama de elementos denunciados según las investigaciones preliminares”. Igual que en el BHU, en OSE hubo procesamientos a raíz de denuncias de la actual administración, siendo varios los ex directores procesados, y aunque hubo otros dos pedidos de procesamiento para Juan Justo Amaro (senador colorado) y Alberto Casas (diputado blanco), las solicitudes de desafueros no prosperaron.

En relación con UTE, el documento señala que, en cuanto a los gastos publicitarios realizados, que no habrían estado guiados por “un criterio de racionalidad y eficacia en su determinación”, “no se constataron irregularidades administrativas”, ya que todo estaba “pautado previamente” por la agencia de publicidad que “actuaba y actúa con las gerencias involucradas en el tema”.