El caso lo lleva adelante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Activó el mecanismo el ingeniero industrial Francisco José Elices, director de AIM Burke, una consultora internacional con dos oficinas en Uruguay -una en Montevideo y otra en Zonamérica- pero que no realiza mediciones en el país ni políticas, sino que desarrolla su tarea en el sector empresarial (http://www.aimburke.com). Junto con otra consultora del mismo palo (KPMG) y la Universidad de la Empresa vuelca al mercado el índice de confianza empresarial, que mide las expectativas en la economía de parte de los empresarios.
Tras culminar la primera rueda de octubre, el ingeniero consideró que los resultados de las encuestas de opinión pública elaboradas por las tres principales firmas en la materia, desde mayo a la primera vuelta, encierran un porcentaje importante de dudas, que “la Comisión deberá determinar si tienen sustento”. Así lo indicó Elices a la diaria, al tiempo de resaltar, como si ya se hubiera anotado un poroto, que tras un primer análisis le aceptaron el escrito y le dieron curso a la investigación.
La razón que lo llevó a objetar la profesionalidad de las que, a los ojos de todos, son rivales, fue “la necesidad de garantizar la cristalinidad”. “Las encuestas políticas son muy importantes porque garantizan de alguna manera el proceso electoral, una garantía adicional al trabajo de la Corte Electoral”, evaluó el ingeniero industrial, que si bien no se mueve por el mismo rubro que las vedettes del mercado, defiende su motivación en que la ley de la competencia habilita a demandar a cualquiera que pudiera verse afectado por una práctica anticompetitiva (ver recuadro).
Los pasos de Elices
“La denuncia de prácticas prohibidas por la Ley 18.159 de 20 de julio de 2007 se debe presentar por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que tenga conocimiento de una transgresión normativa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la referida ley”. Así lo explica la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en la página oficial del ministerio (http://www.mef.gub.uy/competencia.php). Además, el interesado tendrá que radicar su preocupación “identificándose y describiendo de forma precisa la o las conductas presuntamente anticompetitivas sobre las que tiene conocimiento, identificando a los responsables y aportando todos los medios probatorios de sus afirmaciones”.
Según Elices, el organismo designó un perito para evaluar la plausibilidad de los cálculos que él mismo realizó, que le indican que la semejanza entre las conclusiones de las encuestadoras no podrían ser tales, a no ser que se les haya preguntado a las mismas personas. “Se puede medir el grado esperable de similitud”, precisó. Los acusados deberán realizar los descargos correspondientes hacia la segunda quincena de enero ante la comisión en cuestión.
El cuestionamiento central es hacia la afirmación de que los sondeos fueron aleatorios (al azar se eligen los encuestados) e independientes (la empresa A, B y C usan diferentes bases de datos). Elices se cuida de ser contundente en sus afirmaciones y si su hipótesis es refutada, lo cual no descartó en ningún momento, anticipa: “Pido disculpas, me equivoqué y listo”.
Lo importante es que hablen
Desde que los partidos comenzaron a definir sus candidatos para octubre, las tres empresas mencionadas, en menor grado Interconsult y Radar, entre otras, se convirtieron en condimento esencial de la carrera presidencial. José Mujica en más del 90% de los trabajos salió ganador, y finalmente tras imponerse en tres instancias asumirá en marzo la sucesión de Tabaré Vázquez. A pesar de eso, el nuevo líder del Frente Amplio también criticó los datos aportados, incluso con un enfoque similar al de Elices, aunque sus embates fueron más mesurados que los que provenían de los que figuraban abajo en las intenciones de voto. Los cuestionados replicaron, fundamentaron y ampararon su trabajo en la base científica con la que operan, aunque optaron por no entrar en debate directo con los partidos políticos, que pese a todo también recurrían y recurren a sus servicios, aunque no difundan las conclusiones que reciben.
“¿Dónde están depositadas las direcciones y la información de los tipos que se entrevistaron?”, inquiría Mujica, según consignó La República el 21 de abril de 2009. Recién empezaba todo. Las críticas fueron aumentando según pasaban los días y las ventajas se estiraban o acortaban. José Amorín, por ejemplo, aseguraba que las empresas “no dicen la verdad, hay incapacidad o mala fe”, cuando las mediciones lo colocaban en la cola de los aspirantes colorados, algo que en definitiva no ocurrió. Ése fue “el error” que los encargados de las encuestas reconocieron una vez pasada la instancia, con el mismo argumento que le devolvían a Amorín cuando todo estaba pasando: que el universo colorado eran tan pequeño que los pocos casos que conformaban el muestreo aumentaban el margen de error de manera directamente proporcional.
En las semanas previas al 25 de octubre, el candidato a vicepresidente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, sostuvo en San José que no hablaría de las encuestas y explicó por qué: “En 2004 el Partido Nacional encuestaba mal, pero terminó votando notablemente bien y no hubo segunda vuelta por 9.000 votos”. Por esas mismas fechas, Luis Alberto Lacalle advertía en Soriano que “el indeciso es un ser extraño”, ya que una porción importante de ese pedacito de la torta que definiría el balotaje “no quiere contestar a quién vota”, aunque ya tenga decidido su opción, y que prefería las encuestas de MPC, que lo daban ganador en segunda vuelta, luego de haberle proyectado una cercanía no tan lejana a la que cosechó el 25 de octubre.
Salvo excepciones, todos los políticos y políticas tuvieron algo que decir, a favor, en contra o de manera neutra sobre las encuestas, evidenciando la importancia que le daban al asunto, más allá de que matizaran esa relevancia y coincidieran que “la única encuesta que importa es la del domingo”.
Otra vez de nuevo
Una vez que todos los partidos hayan definido quién o quiénes los representarán en junio en la nueva compulsa democrática, es una fija que las encuestadoras comenzarán a recolectar las opiniones de los electores, y es muy probable que se reiteren los cuestionamientos y se repita la preocupación por la influencia o no de Factum, Cifra o Equipos Mori en las decisiones que los uruguayos toman cuando van a las urnas.
Tanto las empresas como los políticos sostienen que no inciden, pero que pese a ello son herramientas que se utilizan para que los partidos tomen decisiones sobre sus énfasis o estrategias de campaña. En todo caso habrá que esperar si desde el Parlamento remozado se activa algún mecanismo legislativo para regular las investigaciones sobre las intenciones de la opinión pública, como expresaron algunos de sus futuros integrantes en pleno fragor del debate cuántico.
Elices pone en duda que las encuestas incidan en los resultados; sin embargo, añade, eso no deja de afectarlo en el marco de una competencia que -sin ser tal para él- adquiere tanto valor discursivo y tantos espacios en los medios de difusión. Sugiere consultar con expertos en la materia, como él, pero claro, alegó que lo comprenden las generales de la ley y se abstuvo de opinar con profundidad, ubicándose entre los que “no contestan”. Espera el resultado de su denuncia, sin demasiadas expectativas, como si intuyera que no prosperará, aunque matemáticamente tenga chance.