Lo dejo todo
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT suspendió ayer la Mesa Representativa que tenía prevista para hoy. Resolvieron que una movilización “para rodear el Palacio Legislativo” durante la votación del proyecto interpretativo era un plan más interesante. “Es algo por lo que venimos peleando desde hace más de 20 años. No tiene sentido que estemos reunidos cuando Uruguay vive un momento histórico”, explicó el responsable de prensa de la central, Gustavo Signorele.
Las dudas en el oficialismo respecto al proyecto, que el lunes se aprobó en Constitución y Códigos, se despejaron durante la jornada de ayer. Poco después del mediodía, la agrupación de gobierno de la Alianza Progresista (AP) resolvió “habilitar” el voto de su único diputado, el fernandino Pablo Pérez, con el propósito, según afirmaron, de posibilitar la aprobación en la cámara baja y que continúe el debate en la Cámara de Senadores. Como se sabe, el ex vicepresidente y senador aliancista Rodolfo Nin Novoa ha manifestado su disconformidad con el proyecto interpretativo, una posición que ya había discutido internamente su grupo durante el fin de semana, y en la que también ha coincidido Jorge Saravia, senador del Espacio 609. “Nuestra diferencia con esta solución legislativa es que ninguno de sus argumentos supera a nuestro juicio las dos expresiones de la soberanía popular que lamentablemente ratificaron la vigencia de la Ley”, ratificó la AP en la declaración. Como por si acaso, la dirección aliancista aclaró que sus militantes siempre asumieron una “franca oposición” a la Ley de Caducidad en las consultas populares de 1989 y 2009, incluyendo la posición que adoptó Nin Novoa en el primer fracaso de la derogación, cuando todavía era blanco e intendente de Cerro Largo. “Credenciales para decir que hemos luchado contra la Ley de Caducidad no me faltan. Ni a mí ni a Rodolfo. El problema que planteamos en este caso es otro”, aclaró a la diaria el diputado Pérez, ex militante del Partido Comunista.
La posición aliancista reflejó discrepancias en la interna del Frente Liber Seregni, y su principal referente, el vicepresidente Danilo Astori, no quiso disimularlas: adelantó que votará afirmativamente el proyecto en el Senado, argumentó que la Ley de Caducidad debería desaparecer del ordenamiento jurídico y recordó que para la Suprema Corte de Justicia es inconstitucional.
“En el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la ley y la ciudadanía contestó que no. Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la ley y la declara inaplicable”, argumentó el líder de Asamblea Uruguay. El proyecto interpretativo entrará al plenario del Senado antes que la ley presupuestal, según adelantó a la diaria el senador Alberto Couriel (Espacio 609), coordinador de bancada del FA.
En tanto, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional (PN) resolvió ayer rechazar “en bloque” el proyecto interpretativo. La diputada Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional), quien presentará hoy el informe en minoría, explicó que no se abordaron las consideraciones jurídicas. “Primó la idea de que hay que hacer respetar los dos pronunciamientos populares, que no se puede ir contra eso y que el Parlamento no tiene autoridad para hacer semejante cosa”, señaló, en referencia a que el Legislativo no tiene competencia para declarar inconstitucional una ley. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, ratificó su postura contraria a la iniciativa y su propuesta de aprobar una ley que faculte a la Suprema Corte de Justicia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las normas en forma general y no sólo para cada caso en particular. “Estoy de acuerdo en que la Ley de Caducidad es inconstitucional, pero al Parlamento no le compete declararlo. Este proyecto no soluciona ese problema y tampoco resuelve un eventual fallo de la Corte Interamericana. No me parece responsable, por el contrario, me parece grave”, consideró.