“Todos somos hijos de una misma historia”. Ésa es la consigna que reúne a jóvenes de Argentina, Chile, Perú, Guatemala, España y Francia, además de México y Uruguay. Hablan de terrorismo de Estado, de búsqueda de la verdad, recuperación de la memoria y acceso a la justicia. Ayer, la inauguración consistió en dar a conocer un mapa geopolítico en el cual ubicaron los períodos represivos y las dictaduras en América Latina; luego, un delegado de cada país expuso brevemente cómo se fueron agrupando.
“Las realidades son muy distintas entre sí, pero los mecanismos represivos son los mismos -incluso en algunos casos continúan operando en la actualidad- y las normas que amparan a los represores, también”, contó a la diaria Nadia Fernández, quien representa a nuestro país junto con Valentín Enseñat.
Hoy tendrán un encuentro cerrado para intercambiar experiencias personales y comenzar a delinear estrategias de alcance regional. Juan Carlos Mendoza, uno de los anfitriones, indicó en diálogo con la diaria que la convocatoria también tenía un propósito local: “Tiene que ver con llamar la atención de lo que está pasando en México fuera de nuestro país, porque los medios han bajado las cortinas y se han aprobado leyes de impunidad”, resumió.
Mendoza explicó que desde 1969 las organizaciones han sistematizado unos 650 casos de desaparición pero se habla de tres mil en “cifras negras”. Oficialmente sólo se reconoce un caso, según indicó Mendoza, el de Rosendo Radilla. Por su desaparición en 1974 el Estado mexicano fue condenado en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las desapariciones tuvieron picos en 1969-1979, 1988-1994 y desde 2006 a partir del gobierno de Felipe Calderón, pero también han ocurrido fuera de esos períodos. “La diferencia con otros países de Latinoamérica es que siempre ha habido elecciones; el terrorismo de Estado se institucionalizó tras esa máscara de la democracia y mediante una práctica de control social por parte del Ejército. Y la Suprema Corte acoge a los victimarios”, explicó.
En ese sentido, mañana los hijos de los nueve países emitirán una declaración conjunta y el sábado realizarán un “escrache” frente a la embajada de Estados Unidos. “Entendemos que mucho ha administrado este país vecino o al menos ha visto con simpatía estos procesos”, alegó el mexicano.
Inconstitucional
“En todos los países hay leyes que amparan a los represores. En Uruguay se llama Ley de Caducidad”, afirmó Fernández. Ayer la Comisión de Constitución y Códigos recibió a dos delegaciones que expusieron sobre el proyecto interpretativo propuesto por la bancada del Frente Amplio (FA). Por la mañana acudieron los titulares de las cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de la Universidad de la República (Udelar), de la de Montevideo y la Católica. Tras las comparecencias, blancos y colorados resaltaron que “les quedó claro” que la iniciativa es inconstitucional y cuestionaron que se introduzca la retroactividad en materia penal, ya que existe “cosa juzgada”. Por su parte, el diputado frenteamplista Felipe Michelini enfatizó que no hubo dos bibliotecas acerca de que la Ley de Caducidad viola la Constitución y los tratados internacionales. Michelini adelantó que se realizarán “ajustes”, pero en cuanto a la cosa juzgada, el FA entiende que “no la hay, en tanto la misma ley impidió los juicios”.
Consultados por la diaria, los diputados Gustavo Borsari (Partido Nacional) y Fitzerald Cantero (Partido Colorado) coincidieron en que el tema ya fue “saldado” por la ciudadanía y criticaron el “poco tiempo” para su tratamiento y la “reflexión”. “Esto de que hay una presunta sentencia no debe actuar como una presión o coacción hacia la actitud de los legisladores”, puntualizó Borsari. Hoy a las 10.00 el canciller Luis Almagro concurrirá a la comisión para responder preguntas sobre la situación del Estado frente a la Corte IDH. Luego se votará. Para el 19 de octubre está previsto que lo trate Diputados.