El senador Jorge Saravia ha expresado reiteradamente, en los últimos días, que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad presentado por el Frente Amplio -FA- (partido que él integra y por el cual fue elegido para ocupar su banca), aprobado en la Cámara de Representantes con el voto de los diputados de esa fuerza política, es inconstitucional, y que su transformación en ley constituiría un “golpe de Estado técnico”. Con esos argumentos fundamenta su decisión de no votar la iniciativa en el Senado, contra lo definido por el FA en su programa de gobierno 2010-2015 (aprobado por el V Congreso Extraordinario en diciembre de 2008, p. 130) y en sendas resoluciones de su Plenario Nacional y su Mesa Política (aprobadas el 12 de setiembre y el 18 de octubre de este año, respectivamente). Esta situación plantea cuestiones básicas desde el punto de vista político, con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre el proyecto en cuestión.
Si el senador Saravia considera que el Congreso, los organismos de dirección nacional y la amplísima mayoría de la bancada del FA están integrados por personas dispuestas a dar un “golpe de Estado técnico”, debería concluir que está rodeado de totalitarios decididos a violar la Constitución, y/o de ignorantes contumaces, que no entienden el alcance de sus actos aunque él ha tratado de ilustrarlos al respecto, y/o de demagogos inmorales, que buscan popularidad en forma irresponsable. Si llega a esa conclusión, siendo él, a diferencia de quienes lo rodean, un político demócrata, ilustrado y prudente, debería abandonar de inmediato el Frente Amplio sin esperar a que lo expulsen.
Si el senador Saravia no adopta esa decisión, el propio FA deberá decidir si le parece aceptable mantener en sus filas a un legislador que no sólo desacata al Congreso, al Plenario, a la Mesa Política y a la bancada, sino que además difunde una opinión tan negativa sobre los integrantes de esos organismos.
En cualquier caso, es oportuno recordar que el senador Jorge Saravia acompañó la decisión adoptada el 25 de febrero de 2009 por la Asamblea General, con los votos de los legisladores frenteamplistas. En esa ocasión, la asamblea, ante una consulta de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Nibia Sabalsagaray, declaró que hacía suya la respuesta elaborada por el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en la cual se aceptaba que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Sería muy interesante saber cómo explica el senador Saravia que, si bien esa norma viola la Constitución (como aceptó declarar el año pasado), también es inconstitucional establecer que la viola (como dice ahora). O sea, que la caducidad es inconstitucional, pero dejarla sin efecto también es inconstitucional. Conocer su opinión en esta materia sería una valiosa oportunidad para verificar que el senador procede con coherencia y es escrupuloso en el cumplimiento de sus compromisos, como corresponde a un demócrata ilustrado y responsable.