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En octubre de 2006, hace casi exactamente cuatro años, fue aplicada la última reprimenda a un comandante en jefe del Ejército. En aquella oportunidad el desfavorecido fue el teniente general (ahora retirado) Carlos Díaz, quien fue removido por el gobierno de Tabaré Vázquez. Su sustituto fue Rosales. La infracción de Díaz había sido mantener una reunión -asado incluido- con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau, sin haber pedido autorización a sus superiores. En aquel encuentro también había participado Dalmao, que pagó con cinco días de arresto domiciliario.
Tras un mano a mano de casi una hora de duración, que mantuvieron ayer Rosales y Rosadilla, el ministro hizo pública la medida. Según comentó el jerarca, el día después de las afirmaciones de Rosales se reunió, “antes de las 9 de la mañana”, con Mujica para analizar el tema, y definieron la posible reprimenda que ayer se trató junto al resto del gabinete.
Rosales había opinado que el Parlamento debía respetar la decisión de la ciudadanía de no anular la Ley de Caducidad, a partir de los resultados del referéndum de 1989 y del plebiscito de 2009. El jerarca también dijo confiar en la “honorabilidad” del general en ejercicio Miguel Dalmao -jefe de la División IV del Ejército con asiento en Minas-, cuyo procesamiento fue pedido por la fiscal Mirtha Guianze el 13 de octubre por el “homicidio muy especialmente agravado”, en 1974, de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
Rosadilla detalló que la sanción consiste en un “apercibimiento, en el grado de amonestación”, y constituye “la más leve de las que se encuentran a disposición a nivel disciplinario”. “Un llamado de atención”, clarificó el jerarca, quien además justificó el tipo de medida en el entendido de que “la falta fue leve y no grave”. El secretario de Estado transmitió que Rosales le argumentó que “se vio superado en la rueda de prensa”. Rosadilla explicó además que el comandante fue amonestado sólo por sus dichos acerca del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, por “haber hecho declaraciones que no debía”.
Por el contrario, el ministro aclaró que las opiniones de Rosales sobre la “honorabilidad” de Dalmao “estuvieron encuadradas correctamente”, ya que “expresó su solidaridad personal, su convicción de que Dalmao dijo la verdad, pero no cuestionó a la Justicia ni lo declaró inocente”. La levedad de la sanción también está sustentada en que el gobierno “mantiene la confianza” en el comandante en jefe, quien, según narró Rosadilla, “asumió la medida y luego seguimos trabajando en otros temas”.
Voces de enfrente
El presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, José Amy (Partido Colorado), entendió que “no le corresponde a la oposición abrir juicio de valor sobre si es necesario sancionarlo o no”. Un poco más lejos fue el nacionalista Javier García, miembro de dicha comisión, que se limitó a decir que el tema generó “mucho ruido, pero pocas nueces”.