Para Juan Raúl Ferreira, hijo del caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, el peor lavado de manos ha sido la incapacidad para alcanzar “la plena vigencia del Estado de Derecho”, en clara referencia a la caducidad. Para anular esa norma, según dijo, existió una “incapacidad” para “acompañar los tiempos”, aunque “en la actualidad existe más libertad que cuando se tomó la decisión”.

En esa misma línea, el ex diputado socialista Guillermo Chifflet dirigió su respuesta a quienes votaron la Ley de Caducidad, ya que de esa forma “borraron la posibilidad de punición de castigos por parte del Estado”.

La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) también se refirió al momento en que se declaró caduca la pretención punitiva del Estado, y un razonamiento similar efectuó su colega de bancada Eleuterio Fernández Huidobro, de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L). “La ley de impunidad, en el momento en que se votó, sería una especie de lavado de manos”, manifestó.

Para la ex integrante de la cámara alta Margarita Percovich, la Ley de Caducidad implicó que “muchos dirigentes políticos hiciero[a]n la vista gorda”, incluyendo a los dirigentes del Partido Nacional que la impulsaron y los frenteamplistas que apoyaron el pacto del Club Naval.

En pleno conflicto entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo, el secretario general de ese gremio, Joselo López, también mencionó a la ley de impunidad, y puntualmente recordó el fracaso del voto rosado en octubre de 2009. “Hubo lavado colectivo de los principales dirigentes políticos que no le dieron corte al plebiscito. Peor que eso no hubo nada”, reflexionó.

En las antípodas

La ex vicecanciller durante el gobierno de Tabaré Vázquez Belela Herrera no piensa que la Ley de Caducidad pueda entrar en esta categoría, pero sí opinó que “quienes no asumen la responsabilidad de dejar sin efecto la ley se lavan las manos” al no proponer iniciativas que modifiquen una situación jurídica “que ha sido condenada internacionalmente”.

El ex vicepresidente de la República y actual miembro de la Comisión Administradora del Río Uruguay el colorado Luis Hierro López piensa que la Ley de Caducidad, lejos de ser un lavado de manos, significó “asumir una cosa responsablemente”. Hierro optó por direccionar su respuesta a la reforma del Estado. “Todos hablamos de la reforma del Estado, pero siempre la culpa la tiene el Estado, el gobierno o el sindicato”, afirmó, para luego agregar que “si bien es cierto que ha habido reformas parciales, ninguna ha sido en su conjunto”.

El ex candidato al Senado por Asamblea Popular Helios Sarthou, quien se retiró del FA en octubre de 2008, opina que en la fuerza política de gobierno “hay un lavado de manos colectivo”. “Tuvieron una vida de alpinistas hacia el poder, y en el ejercicio de éste niegan su vida anterior que los llevó hasta ahí”. Sarthou interpretó que se trata de un lavado de manos “ideológico” que viola las líneas establecidas por sus primeros estatutos, que le dieron origen en 1971.

La ex edila colorada Glenda Rondán -cada vez más cercana al FA- dirigió sus reflexiones al “proceso de marginalización social”, que ha sido “el gran lavado de manos de todos los gobiernos”. “Todavía no lo solucionamos, y hasta yo como legisladora también siento que me lavé las manos, y eso es algo muy grave”, se lamentó.

Desde el Partido Nacional, el ex candidato a la presidencia, en 1994, Alberto Volonté, opinó que la sociedad uruguaya nunca se lavó las manos. “No incluyo a gobiernos o partidos políticos, eso es otra cosa”, puntualizó. Su colega Carlos Julio Pereyra, referente del Movimiento Nacional de Rocha y presidente del directorio del PN hasta 2009, entendió que los últimos gobiernos “se han lavado las manos con la descentralización de la enseñanza superior”.

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, opinó que la última gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se “lavó las manos” junto con el directorio de AFE a la hora de restablecer el ferrocarril. “Ahora tenemos un problema grande, y nadie asume esa responsabilidad”, sentenció.