Numerosas convocatorias circularon a lo largo de la jornada instando a manifestarse en las barras de la cámara baja y en los alrededores del Palacio, fundamentalmente por parte del PIT-CNT. Las barras se llenaron, pero en las afueras no se logró superar las 200 personas en el momento más concurrido de la tarde, sobre las 16.30.
Dos horas antes la escena era similar a la que se podía ver en la previa a un partido de fútbol: un vallado indicaba el recorrido que debían seguir quienes quisieran ingresar al recinto; unas 30 personas esperaban su turno para hacerlo. Los comentarios que se escuchaban referían a lo que podría pasar cuando el proyecto de ley llegue al Senado, y más concretamente qué harían los senadores que ya manifestaron su posición contraria a la norma. Que si Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) vota, que seguramente Jorge Saravia (Espacio 609) también, pero al que no le tenían nada de fe era a Rodolfo Nin Novoa, del que esperaban que no hiciera “la gran argentino”, en referencia al vicepresidente de ese país, Julio Cobos, y sus posturas contrarias al gobierno encabezado por Cristina Fernández.
Julio Ramiro Martínez, integrante de la asociación de ex presas y presos políticos Crysol, manifestó que “sacar del orden legal” esta norma significa “un avance muy grande” para que “todos seamos iguales ante la ley”. Si bien puntualizó que los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se cumplen para casos individuales, sostuvo que “no puede ser que ésta rija para unos sí y otros no”. “En eso coincido con la propuesta del Partido Independiente”, agregó, aunque también detalló que sólo le interesa que la ley se anule lo antes posible: “No importa con qué mecanismo es”.
A las 16.30, cuando parecía que ya no iba a haber ninguna convocatoria popular en los alrededores del Palacio Legislativo, arribó una camada de militantes del sindicato de dulces y panificadoras, desplegando banderas y cantando “anular, anular, la ley de caducidad”. A esos trabajadores se sumaron militantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) y de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), y en menor medida otros sindicatos.
En ese contexto apareció el responsable de Derechos Humanos del PIT-CNT, Washington Beltrán, quien destacó que “los tres poderes de este país han entendido que la norma es inconstitucional” y que en el plebiscito del 89 “estábamos saliendo de la dictadura y las botas de los militares aún sonaban en las orejas del pueblo”, en tanto que en octubre pasado “47% de la ciudadanía se pronunció por la anulación, y el otro 53% no se pudo pronunciar”. “Acá hubo una sola papeleta por el Sí, y no hubo otra por el No”, recordó, y luego agregó: “Estamos seguros de que en ese 53% hubo algunos que querían mantener esta ley y hubo otros que ni siquiera estaban enterados”.
Respecto a los legisladores del Frente Amplio que manifestaron no estar de acuerdo con la norma, Beltrán entendió que “quien no vote junto con la bancada deberá retirarse de la fuerza política”. Sobre este punto, el coordinador de la central sindical, Juan Castillo, expresó que “resulta poco creíble que compañeros que integran la izquierda busquen los mismos argumentos que los partidos tradicionales para votar la ley”. “No es un argumento válido”, criticó, e interpretó que acá la ley de caducidad vuelve a su génesis: “Nació en el Parlamento y ahora esa institución debe quitarle la vergüenza al Uruguay”.