Disciplinados
Alianza Progresista (AP) y la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) votaron afirmativamente pero marcaron sus discrepancias. Carlos Gamou (CAP-L) aclaró que su grupo es “cabal opositor” a la Ley de Caducidad pero precisó que levantaron su mano “estrictamente por razones partidarias”. “Nuestros argumentos los planteamos en los ámbitos internos y no logramos convencer”, dijo, tras lo cual recibió un abrazo de Michelini. Pablo Pérez (AP), por su parte, explicó que “ninguno de los argumentos” expuestos “supera” el del respeto por la soberanía popular, pero que votaría el proyecto para habilitar la media sanción y con ello que la discusión continúe en el Senado. “Estamos cumpliendo con la resolución del FA para fortalecer uno de los pilares de esta fuerza que es la unidad de acción”, indicó. Ahora el proyecto será considerado en la cámara alta. El ex diputado Gustavo Guarino, suplente en el Senado de Rodolfo Nin Novoa (AP), votará afirmativamente, aunque su presencia dependerá de lo que resuelva la dirección del grupo este sábado. “Y no lo hago por disciplina ni por mandato, sino porque estoy convencido de que es un buen proyecto. Estos temas son delicados y parece lógico que haya valoraciones diferentes, incluso en la interna de los grupos”, comentó a la diaria. La libertad de acción que solicitarían los senadores Nin Novoa y Jorge Saravia (Espacio 609) no tendría viabilidad en el Senado. “Un pedido así necesitaría ser votado por dos tercios de la bancada del FA. Así que no creo que puedan votar lo que han expresado públicamente”, vaticinó Susana Dalmás, de Asamblea Uruguay, que definió acompañar la iniciativa.
El inicio del plenario estaba fijado para las 10.00, pero el debate se inició pasadas las 14.00. En la mañana se expusieron los informes a favor y en contra del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. El frenteamplista Felipe Michelini (Nuevo Espacio) defendió la iniciativa, poniendo énfasis en la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el caso de Nibia Sabalsagaray en 2009 y en el incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado uruguayo.
La oposición sostuvo reiteradamente que la iniciativa es inconstitucional pero no se analizó su redacción ni se abordaron los efectos jurídicos de su futura aplicación (ver página 2). El principal argumento en contra de blancos y colorados fue el “respeto” a la voluntad popular, en referencia al referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009.
Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional) expuso el informe en minoría del Partido Nacional (PN) en diez minutos. Reivindicó su militancia por el voto verde, pero señaló que “ni la dictadura militar se animó a desoír al pueblo, aunque tenía las armas”. “Más allá de las objeciones jurídicas muy fuertes, lo que nos mueve a votar en contra es el respeto de la soberanía popular y el Estado de derecho”, resumió.
En el mismo tiempo y en la misma dirección expuso el informante del Partido Colorado (PC), Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay), quien defendió la aprobación de la Ley de Caducidad. Destacó que se hizo “sin derramar sangre” para “apaciguar aguas”. “Es una ley de amnistía. Y sostener estas leyes no contraviene la ética, sino que abre nuevas etapas”, sostuvo, y añadió que tuvo un “efecto reparatorio”.
Aterrizaje forzoso
El frenteamplista Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) abrió el debate destacando que la Ley de Caducidad fue votada bajo presión -a lo cual suscribieron luego diputados de la oposición- y rebatió el argumento de las voluntades populares. Para eso puso como escenario posible, entre otros, que se hubieran avalado mediante un plebiscito las leyes de Nuremberg. “¿Eso significa que la comunidad debe aceptarlo? Hay que tener claro qué es decidible y qué no”, comparó. Posteriormente sostuvo que no existe “cosa juzgada” en la aplicación de la Ley de Caducidad porque “no puede ser una decisión administrativa” como la del Poder Ejecutivo, y porque “no hubo proceso”.
A continuación, en alusión a la comparación con las leyes de Hitler, Gustavo Borsari (Unidad Nacional) le pidió que “aterrizara” el debate y sugirió que vote “lisa y llanamente” la derogación. “El PN también sufrió. No vamos a hacer cuentas. Yo mismo me opuse a la dictadura”, aseguró, para luego afirmar que la impunidad “es consecuencia del pacto del Club Naval” y no de la aprobación de la Ley de Caducidad, la cual, consideró, fue aplicada “correctamente” por el ex presidente Tabaré Vázquez. “No puedo decir lo mismo del doctor [Luis Alberto] Lacalle”, disparó. A su turno, el nacionalista José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) defendió a Lacalle diciendo que no excluyó ningún caso porque “no le presentaron ninguno” y apuntó que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad se alcanzó porque “una fiscal se retobó”, en referencia a Mirtha Guianze, quien interpuso el recurso.
Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio) afirmó que el Parlamento “tiene el deber de dar un mensaje categórico a la corte internacional, pero también a los ciudadanos”. Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) inició su intervención leyendo la exposición de motivos del proyecto de ley para derogar la Ley de Caducidad presentado por Cardoso el 17 de marzo pasado. “No damos lugar a los argumentos sobre la voluntad popular. Me ahorro el discurso”, remarcó, sugiriendo que la iniciativa del nacionalista también estaría violentando la voluntad de la ciudadanía.
