El Frente Liber Seregni (FLS) respaldó al senador Rodolfo Nin Novoa ante el pedido de procesamiento del fiscal Luis Bajac, por el delito de “falsificación por un funcionario público”. Nin Novoa, en tanto, salió decidido a contragolpear fuerte: recordó que Bajac “vino a pedirme el cargo” de fiscal de corte, y que, por lo tanto, todo indicaría que también “le interesa la política un poco”. “Es todo bastante raro”, advirtió Nin Novoa, que pretente analizar el expediente en detalle para que el resto de los senadores, que deberán decidir un pedido de desafuero, “tengan las dos campanas”.
Por otra parte, y mediante un comunicado público, el FLS recordó que la denuncia fue radicada por un ex senador de la oposición (en referencia a Julio Lara, del Partido Nacional) al que le atribuyen “obvias intencionalidades políticas”, un concepto similar al manejado ayer por Nin Novoa. El FLS también expresó su malestar porque el pronunciamiento fiscal fue entregado a dos medios de prensa (El País y Búsqueda) antes de que fueran notificados Nin Novoa y su abogada, Hebe Martínez Burlé.
Desde el FLS -compuesto por Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Banderas de Liber- agregan que las declaraciones juradas que se les exigen a los funcionarios tienen como objetivo comprobar que no se haya producido enriquecimiento “inexplicable y sin fundamento” de los jerarcas durante sus ejercicios en las funciones públicas, y que en este caso “ni el fiscal ni nadie ha podido probar que el senador Nin Novoa haya omitido en ninguna de sus declaraciones sucesivas declarar bienes materiales de cualquier índole o valor”. “Simplemente se trata de una diferente interpretación de la ley”, afirman los grupos astoristas. Además, argumentan que a lo largo de la trayectoria política y jerárquica de Nin Novoa, el principal referente aliancista, nunca hubo “acusaciones ni observaciones sobre sus declaraciones”, y se alega que la Junta Anticorrupción “desmiente de manera clara y categórica el dolo en la declaración” del ex vicepresidente.
Para el FLS, el pedido de procesamiento con prisión -algo que, según afirman, “ni siquiera está previsto en la ley”- termina siendo “un despropósito y un exceso”. A su vez, se sostiene que con este tipo de procedimientos se “corre el peligro de empobrecer la propia política y su relación con la sociedad” e incluso puede “llevar también a un fuerte cuestionamiento de todas las instituciones, inclusive del propio Poder Judicial, y a una fuerte tendencia a politizarlo”.