Tanto empresarios como representantes de organizaciones sociales evaluaron como “muy productivo” el intercambio que comenzó a principios de agosto y culminó el viernes. “Fue muy positiva la metodología y esperamos que en la redacción de la ley se recojan estos insumos”, destacó Juan Brañas, presidente de la Asociación de Radios del Interior. El presidente del CTC, Gabriel Kaplún, resaltó que cierra el trabajo “con mucha satisfacción” y con “la sensación clara de que acordamos en muchas cosas”.
Uno de los principales consensos alcanzados refiere al diseño de una nueva estructura institucional en comunicación. Se propone crear un organismo que diseñe políticas de comunicación para el sector audiovisual, encargado de articular aspectos culturales y tecnológicos. Para esto la Dinatel no es el ámbito adecuado ya que “su ubicación en el Ministerio de Industria no sugiere” esa articulación, explicó Kaplún.
En cuanto a la regulación, se sugiere traspasar las funciones que actualmente tiene la Ursec a un organismo independiente, conducido por directores designados con venia del Parlamento mediante una mayoría especial de dos tercios, que tenga como competencias centrales la asignación y renovación de frecuencias. Se entendió que la Ursec, tal como está conformada, no es conveniente que cumpla con esas funciones porque “depende del gobierno y le falta venia parlamentaria”, explicó Kaplún. Algunos, como Brañas, entienden que la Ursec debería simplemente eliminarse, mientras que otros creen que debería mantenerse y acotar sus competencias a la inspección y aplicación de sanciones.
Se acordó además crear mecanismos de participación social en la asignación de frecuencias, al estilo del propio CTC o del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.
Derechos adquiridos
El CTC acordó instalar un “ombudsman de los medios” o “defensor de las audiencias” que canalice las demandas de televidentes y oyentes. Se propone también crear un plan nacional de educación en medios que incluya la formación de los comunicadores e incorpore mecanismos de articulación entre la academia y los medios.
José Imaz, integrante de la Coalición para una Comunicación Democrática -que nuclea organizaciones sociales, sindicales y educativas vinculadas a la comunicación-, destacó que se lograron “acuerdos importantísimos” en el CTC, fundamentalmente en lo que refiere a derechos (se acordó, por ejemplo, buscar mecanismos como el lenguaje de señas para que las personas con discapacidad puedan acceder a los medios, incorporar códigos éticos, proteger a la niñez y a la adolescencia). Las principales diferencias, acotó Imaz, se centraron en “temas económicos”, pero incluso en esto se pueden buscar “caminos intermedios”, estimó.
Los empresarios, tanto de Asociación de Radios del Interior (Rami) como de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), no están de acuerdo con que se fijen plazos para el usufructo de las frecuencias y prefieren mantener “el criterio actual”, ya que entienden que de otra forma se afectarían las inversiones de los radiodifusores. Al respecto, Brañas consideró que hay que hacer “una ley a la uruguaya” y no importar “modelos de afuera”. “No porque otro país lo haga Uruguay lo tiene que adoptar. Uruguay es un país independiente y democrático, y esto nos da una gran inseguridad a la hora de la renovación de las licencias, porque van a ser llamados abiertos y públicos en los que cualquiera se va a presentar y eso no da garantías al radiodifusor, porque de acuerdo al gobierno que esté de turno va a ser el procedimiento por el cual se readjudiquen las ondas”, opinó. Admitió que eso es precisamente lo que ha sucedido hasta ahora, pero aseguró que no se puede decir que todas las radios se hayan adjudicado “por el color político”, porque ha habido casos de compras y casos “en los que se ha presentado un solo oferente”.
Consultado respecto al carácter público de las ondas y a la eventual inconveniencia de la transmisión hereditaria, Brañas sugirió que pueden adjudicarse más radios para aquel que “quiera expresarse”.