El canciller Luis Almagro ya había dado su palabra ante la delegación de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, que el miércoles pasado le solicitó al Estado uruguayo que pida formalmente, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, la desclasificación de los archivos del National Archives and Records Administration (NARA) fechados en el período de dictadura uruguaya. Fuentes de cancillería confirmaron a la diaria que en las últimas horas Almagro efectivamente envió las instrucciones a la embajada uruguaya en Estados Unidos para que eleve esa solicitud.
“Salimos conformes de la reunión, pero no pensamos que fuese tan expedito”, dijo a la diaria Gimena González, integrante de Familiares. Explicó que la organización no busca información específica sino que los documentos sean una herramienta de trabajo para los historiadores uruguayos. “Es muy positivo que el Estado uruguayo, luego de una administración de izquierda, haya concretado un pedido que en Argentina y Chile se realizó en la década de los 90 durante la administración de [Bill] Clinton”, saludó el historiador Aldo Marchesi, quien trabajó con documentación desclasificada en el NARA.
Los archivos están disponibles para solicitudes individuales sobre hechos puntuales, pero un pedido de Estado permite abordar investigaciones más amplias. Los contenidos de los escritos consisten básicamente en informes de los diplomáticos norteamericanos que estaban en nuestro país. Marchesi comentó a la diaria que pueden resultar interesantes los materiales elaborados durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter (1977-1981), menos cercano al régimen militar.
Además de tener valor por la investigación histórica, estos documentos -que en general no son desclasificados hasta pasados los 30 años- lo tienen para las investigaciones judiciales, como ampliación de prueba. Es el caso de los ocho documentos desclasificados por el NARA presentados por la organización estadounidense Freedom of Information Act (FOIA) ante el juzgado penal de 5º Turno. Éstos constituyeron pruebas para que la jueza Mariana Mota condenara al dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución”, un fallo sin antecedentes en la región. Otros 14 del NARA y uno de la CIA, solicitados por el abogado Javier Barrios Bove, se incluyeron en la causa que investiga la muerte de Cecilia Fontana de Heber en 1976. “Se pudo corroborar la situación política del país de una visión externa, de fuentes diplomáticas, que no era ni de los militares, ni de los presos politicos, ni de dirigentes políticos perseguidos. Esa contextualización fue muy importante”, evaluó Barrios Bove. No obstante, el abogado explicó que el pedido debe estar basado en hechos y no en personas particulares, y que el acceso fue en varias etapas y con dificultades. “Por eso sería bueno que se pudiera reclasificar todo”, consideró.