El texto, de 30 artículos, establece los lineamientos generales del plan y los organismos que se crearán para su ejecución, así como otros aspectos cuya implementación requerirá reglamentación. El proyecto considera que existe una "emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema" y declara de "interés nacional" la ejecución del plan.
En la definición de los objetivos se plantean tres formas de intervención: el mejoramiento de la vivienda, la relocalización en los casos no regularizables por situación de riesgo o cuando contravengan el ordenamiento territorial, y la dotación o fortalecimiento de la infraestructura de asentamientos o áreas precarizadas. Para lograr esto se definen dos líneas de acción: una destinada a la "acción en la vivienda y el hábitat" y otra en "políticas sociales", destinada a "la inserción laboral" y la "ampliación de la cobertura y acceso" a estas políticas.
A su vez, se crea la "Unidad Operativa Central" (UOC) del Plan Juntos, que funcionará como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, dependiente de Presidencia. Según se explica, tendrá "autonomía técnica". La UOC estará dirigida por una comisión directiva de tres miembros: un representante del presidente de la República, uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y uno del Ministerio de Desarrollo Social. El organismo contará con un Fondo Nacional del Plan que deberá administrar los recursos, tendrá el apoyo de un equipo interdisciplinario y podrá proponer al Poder Ejecutivo un programa anual de prioridades del plan. También realizará el seguimiento de éste, impulsará "la participación solidaria de la sociedad" y administrará el Registro Único de Participantes del Plan (RUPP). Además, la UOC adjudicará las viviendas a los núcleos familiares participantes y podrá constituir fideicomisos con exoneraciones tributarias. Por otro lado, se aclara que el plan abarcará distintas modalidades prestadoras de trabajo, que implican a trabajadores voluntarios, personas procesadas o condenadas, inscriptas en la Bolsa Laboral de encarcelados y liberados, provenientes de "programas socio-educativos-laborales" o "personas públicas y privadas". Se priorizará la "autoconstrucción" y la "mano de obra benévola".
La norma establece que los inmuebles en los que intervenga el plan no podrán ser embargados, cedidos ni dados en arrendamiento, enajenados e hipotecados por diez años, en tanto que si se autoriza la venta dentro de ese plazo, la UOP "tendrá preferencia" para adquirir el inmueble, a la vez que la familia beneficiaria "deberá reintegrar el valor del terreno adjudicado" y "el de las mejoras efectuadas". Por otro lado, se declara la "necesidad pública" de expropiación de inmuebles que se requieran para llevar a cabo el plan.
Cómo lo hago
Sebastián Olivera, tesorero de FUCVAM, destacó la importancia del plan y opinó que se trata de una ley “muy genérica” y contiene “muchas cualidades que se pueden potenciar mucho más”, algo que, según sostuvo, se espera que se haga con la reglamentación. Otro integrante de FUCVAM, el ingeniero Benjamín Nahum, aclaró que si bien no existe una postura de la organización, “la gran duda que queda es cuáles recursos se vuelcan”. “Hasta donde hemos sabido, la idea es acudir a algunos recursos puntuales que pueden servir para arrancar pero difícilmente puedan sostener una acción continua”, sostuvo y agregó que “para que el plan salga adelante requiere recursos importantes y permanentes, con una asignación clara”.
En la Ley de Presupuesto se establece una partida de 105 millones de pesos (aproximadamente 5.200.000 dólares) para atender “gastos de funcionamiento e inversión” del plan. Según fuentes del MVOTMA, se pretende financiar el plan con “recursos extraídos de las rendiciones de cuentas en la medida en que sean necesarios”, además de recursos “extrapresupuestarios”. Entre estos últimos, las fuentes resaltaron que existirán “aportes importantes” de donaciones y, respecto a las cuentas que abrió el presidente José Mujica para recibir colaboraciones económicas para el plan, resaltaron que el dinero aportado a esas cuentas “anda ahí” con la cifra que se le asigna en el presupuesto.