El grupo Ir, Izquierda con un Nuevo Sentido -integrado, entre otros jóvenes, por Macarena Gelman y el actual asesor de la dirección general de secretaría del Ministerio de Economía, Alejandro Zavala- y la Juventud Socialista del Uruguay (JSU) se oponen al mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad, como promueven el gobierno y la oposición. El Poder Ejecutivo anunció el 22 de noviembre el envío al Parlamento de un proyecto de ley para mantener los antecedentes de quienes cometieron delitos siendo menores de edad para que éstos sean válidos cuando cumplan 18 años. Para ello se dejaría “en suspensión” el artículo 222 del Código de la Niñez, que precisamente prohíbe una medida de este tipo.

Mediante una declaración, la JSU reivindicó la vigencia del Código de la Niñez y se manifestó contraria a conservar “los mal llamados antecedentes de los y las adolescentes”.

En tanto, el grupo de derechos humanos de Ir, con la asesoría de Ielsur, elaboró un documento con reflexiones y propuestas sobre la situación de los niños y adolescentes infractores. En él sostienen que el tema de la delincuencia juvenil “está siendo tratado de manera autoritaria y los distintos discursos y propuestas carecen de argumentos académicos o técnicos, así como desconocen las evidencias empíricas existentes en la materia”. Hacen notar que “seis personas menores de edad delinquen cada cien delitos cometidos”, y de esas infracciones, la mayoría son delitos contra la propiedad. “¿De dónde salen los números sostenidos por la oposición y algunos sectores del gobierno acerca de la peligrosidad de los niños, niñas y adolescentes?”, se preguntan en Ir.

Cuestionan a los medios por “la estigmatización de niños, niñas y adolescentes a través de una irresponsable y deliberada exposición” y critican también el manejo de cifras realizado por el Ministerio del Interior en torno a los delitos cometidos por menores. Denuncian en este sentido “el manejo ambiguo y relacional de datos sobre adolescentes y criminalidad proveniente de fuentes irregulares que no cuentan con los más mínimos estándares de calidad estadística”, en una probable referencia a las últimas cifras presentadas por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que motivaron la renuncia del titular del Observatorio de Criminalidad, Rafael Paternain.

Advierten que si el gobierno envía el proyecto para mantener los antecedentes de los menores al Parlamento “deberá aceptar que la Convención sobre los Derechos del Niño [CDN] deja de tener pleno valor en nuestro país”, y subrayan que “la inobservancia e incumplimiento de los compromisos derivados de la ratificación de tratados internacionales” representan “un retroceso en la afirmación de los derechos humanos en el Uruguay”.

Finalmente, consideran que el Estado debería adoptar medidas que prioricen sanciones alternativas a la privación de libertad para los menores de edad, como trabajo comunitario o libertad asistida. Esto teniendo en cuenta que “la institucionalidad existente está fragmentada, es ineficaz, ineficiente y costosa, en tanto es más oneroso para el Estado mantener a un menor en situación de privación de libertad que incluido en políticas no privativas”. Proponen además “fortalecer los centros de formación de las personas que tratan a los menores infractores” y homogeneizar sus criterios de funcionamiento.