La última palabra en torno al financiamento de privados a la “fiesta” de cambio de mando del 1º de marzo la tendría el presidente Tabaré Vázquez. Estos últimos días, las empresas que ya aceptaron la propuesta planteada por José Mujica de contribuir con 15 mil dólares elaboraron un documento para certificar el procedimiento ante el Poder Ejecutivo. A través de ese escrito solicitan la “autorización” del gobierno saliente para efectivizar el pago de la colaboración en pesos uruguayos (unos 300.000), todo de acuerdo a lo explicado por Sergio Varela, vecino del presidente electo y dueño del quincho. A los empresarios se les explicó que la carta tenía que estar dirigida a Vázquez para hacer el procedimiento más transparente.
Fuentes del Ejecutivo actual, consultadas ayer, dijeron desconocer cuál será la postura que tomaría el primer mandatario ante la modalidad adoptada por Mujica, diferente a la elegida por él en marzo de 2005 (cuando la oposición criticó los gastos excesivos por parte del Estado).
El episodio provocó un cruce mediático entre Mujica y caras visibles del PIT-CNT, entre ellos Richard Read y Juan Castillo, que criticaron la idea del líder tupamaro y marcaron su preocupación. Los sindicalistas ya le habían hecho saber su punto de vista a personas cercanas a la fórmula electa luego de la nota publicada por la diaria el 10 de febrero, cuando se dieron a conocer los diez nombres de las empresas contactadas. Ayer en sus apariciones mediáticas, originadas por una nota del semanario Búsqueda, los dirigentes sindicales hablaron de una riesgosa “privatización” de la “fiesta democrática” y propusieron que los costos los financie el Estado. Poco después de una entrevista con Castillo, Mujica se puso en contacto con la producción de El Espectador y replicó los cuestionamientos. Allí ratificó sus planes de acudir a un “puñado de empresarios” que le hacen una “donación al gobierno” para cubrir “gastos que son inevitables”. “Es una concepción y, equivocada o no, nos hacemos responsables. ¿Por qué? Con esos 150.000 dólares se arregla la vivienda de muchas familias y para mí ésa es la prioridad. Pienso que no perdemos la dignidad y que no se está negociando nada”, argumentó.
Aceptó las críticas sindicales (“son mis compañeros”), pero se quejó de la “semejante suspicacia” de pensar en posibles compromisos del gobierno con los aportantes: “Yo en ningún momento he dicho que un dirigente sindical que está 20 o 30 años firmando convenios colectivos y negociando con las patronales, por estar tanto tiempo, está acomodado con las patronales o cuestiones por el estilo, nunca he ofendido en esos términos, así que eso no se lo acepto a Castillo ni a nadie. Me puedo equivocar, pero no tengo precio”, replicó. Por otra parte, en las últimas horas el tema fue motivo de conversaciones entre dirigentes del Frente Liber Seregni, que comenzaron a manejar la alternativa de que los costos los asuma el Frente Amplio. En tanto, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que las críticas sindicales no corresponden porque se trata de un “hecho menor”.