La mesa de la Junta Departamental, integrada en su totalidad por frenteamplistas, encomendó en agosto de 2009 investigar con “urgencia” para determinar si Hernández, funcionaria de carrera, cometió irregularidades en un concurso para proveer cargos administrativos. De esa investigación y de un sumario administrativo concluidos este mes se desprendió que la jerarca “admitió tener conocimiento de la participación del esposo de la sobrina en el concurso” y no puso en conocimiento “ni a la administración ni a los demás integrantes del tribunal” un hecho que “puede implicar conflicto entre el interés público y su interés personal”.

El informe jurídico de la Oficina Nacional de Servicio Civil sugiere que Hernández incurrió en la “violación a principios y deberes de conducta que rigen la función pública, entre otros, los de imparcialidad y de igualdad”. El sumario habla de una “omisión que se traduce en negligencia o imprudencia que configura conducta culposa -aunque no dolosa- que no resulta irrelevante del punto de vista de la responsabilidad administrativa”. Asimismo, el expediente da cuenta de que la jerarca tuvo acceso a las pruebas laborales con las preguntas y las respuestas 48 horas antes del concurso.

Como consecuencia, la mesa de la Junta resolvió como sanción suspenderla sin goce de sueldo dos días (el 2 y 3 de febrero). En el digesto municipal es considerada una “falta leve”. Convocada por la edila colorada Cristina Ferro (Foro Batllista), el 11 de febrero se realizó una sesión secreta en la que el entonces secretario general de la mesa, Alejandro Sánchez (asumió como diputado por el Espacio 609), defendió la decisión diciendo “que era una sanción acorde con la gravedad de la falta”. Como atenuante, Sánchez indicó que se trataba de un “sobrino político” y no un pariente de sangre. “Sí debe hacerlo [excusarse de integrar el tribunal] por sobrino, hijo, nieto, padre, madre, hermano, pero no por sobrino político”, indicó.

“Esto es bastante serio. El informe jurídico es lapidario: [Hernández] entra en contradicciones e intenta involucrar a otros. Pero además, aunque sea funcionaria de carrera es un secreto a voces que está vinculada al FA. Dos días se aplican habitualmente a las faltas menores”, señaló Ferro a la diaria y aclaró que el pariente en cuestión renunció al puesto. La edila entiende que hay otras disposiciones en el digesto municipal que se ajustan al caso, por ejemplo, “servirse de la función o del cargo en beneficio privado ilegítimo o usar en utilidad propia o de terceros por sí o por interpósita persona, del conocimiento, las atribuciones o competencias”, que implica suspensiones mayores a tres meses por considerarse “falta gravísima”. “Evidentemente, la funcionaria tiene respaldo de la administración. En todo caso hay responsabilidad política del FA por esta decisión y vamos a llevarlo al plenario para cuestionarla”, adelantó Ferro.

El presidente de la Junta dijo a la diaria que no sabe “desde cuándo los ediles somos jueces”. “Falta leve o grave son mecanismos administrativos, esto es opinión política. La decisión es cuestionada por una minoría”, disparó y atribuyó la denuncia a una “campaña de desprestigio de [Ricardo] Ehrlich”. Sobre la vinculación de Hernández al FA, Mendiondo no lo desmintió, en cambio, advirtió que él “no pregunta qué piensan políticamente” los funcionarios. “Que objeten a la mesa si les da la nafta”, añadió. “No tenemos mayoría, pero es importante que se sepa que no miramos para otro lado”, alegó Ferro.