La comisión multipartidaria de energía fue la primera en culminar su trabajo y en elaborar un documento que refleja los acuerdos y desacuerdos entre los partidos políticos que la integraron. Este material será entregado al presidente electo José Mujica. Para los delegados el trabajo fue “muy bueno”, y los acuerdos logrados, “bastante importantes”. Entre otros temas, los partidos resolvieron impulsar la derogación del artículo 27 de la ley 16.832, que prohíbe el uso de la energía nuclear, rediseñar las tarifas de las empresas públicas energéticas y convocar a una licitación internacional para ampliar la refinería de ANCAP de La Teja, pero no alcanzaron el consenso en cuanto a mantener o desmantelar el monopolio de ANCAP en los combustibles.

“Se lograron acuerdos en muchos temas sobre los que podría haberse pensado que no sería posible hacerlo”, destacó el ex ministro de Transporte Lucio Cáceres, representante en la comisión por el Partido Colorado. Para el diputado nacionalista Álvaro Delgado, por su parte, los logros obtenidos permiten plantear “las bases de una política de Estado a largo plazo” en el ámbito energético.

Uno de los puntos sobre los que no hubo discordia fue la necesidad de invertir en infraestructura para el sector, en particular por parte de las empresas públicas, para lo cual será necesario “analizar formas novedosas de financiación, como, por ejemplo, mediante el mercado de valores o asociaciones con privados en negocios específicos”, según señala el documento elaborado.

En ese sentido, para el subsector eléctrico, los partidos establecieron la necesidad de incorporar en el próximo quinquenio 200 megavatios (MW) de potencia firme (por cualquier forma de generación), 300 MW a través de energía eólica y 200 MW por biomasa. En el sector combustibles, el documento promueve la ampliación de la refinería de La Teja mediante un proceso licitatorio.

Mientras que para la oposición la forma de lograr la eficiencia de ANCAP es mediante la desmonopolización del mercado, para el Frente Amplio “éste no es el instrumento actualmente más adecuado”. Esta discrepancia, que, según los participantes, fue la más importante, quedó establecida en el informe aunque sin mayores explicaciones. Por el mismo desacuerdo sobre ANCAP, la oposición plantea revisar y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector de los combustibles, lo cual el oficialismo no considera necesario.

Para la comisión es conveniente “rediscutir las tarifas de todos los entes energéticos”, llegando a un acuerdo en que deben reflejar “los costos reales” de cada empresa, más allá de que se utilice la política tarifaria “al servicio de las políticas sociales y productivas del país”. Así, también se habilitan subsidios específicos para sectores que por “dificultades coyunturales o territoriales de competitividad” necesiten incentivos.

En cuanto a los aspectos sociales, se plantea como objetivo de este quinquenio alcanzar 100% de electrificación (actualmente el país se encuentra en 98,4%), y atender la problemática de los usuarios que están actualmente “colgados” de la red de tendido eléctrico. La comisión propone vincular el tema a las políticas sociales implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social “con exigencia de contraprestaciones reales” a los usuarios que mediante beneficios regularicen su situación. De todas formas, el documento reconoce que hay muchos usuarios “colgados” que no se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y respecto de ellos, recomienda recorrer los caminos administrativos y judiciales. Anualmente el hurto de energía eléctrica significa cerca de 80 millones de dólares.