La comisión fue creada a pedido del diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay, AU) en 2005 y está encargada de “estudiar y pronunciarse sobre la legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos realizados por determinados entes y servicios descentralizados entre el primero de marzo de 2000 y el primero de marzo de 2005” (esa larga descripción de tareas es su nombre oficial), es decir, durante el período de gobierno del ex presidente Jorge Batlle.
Los representantes del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) ya presentaron sus preinformes a la secretaria de la comisión, pero los del FA todavía no lo han hecho. Parece imposible que haya un informe antes del recambio legislativo, porque quedan apenas siete días para que comience la nueva legislatura, y la ley establece un plazo de 20 días entre la entrega de preinformes y la puesta a consideración del informe final en el plenario de la cámara, para que los acusados por las investigaciones puedan “producir sus descargos y articular sus defensas”.
La comisión está presidida por el hasta hace poco precandidato de AU a la Intendencia de Montevideo, Carlos Varela, quien dijo que todavía no se sabe si se presentará el preinforme, y sostuvo: “Es una decisión colectiva y no depende de mí, en la preparación de los informes soy uno más y no tengo ninguna atribución especial”. Varela había dicho que el preinforme se iba a entregar “en enero” (ver la diaria del 05/01/10), pero señaló ahora que “aún quedan algunos detalles de datos que ajustar” y que intentará que el escrito se presente en este período. Consultado sobre la posibilidad de que se fije una reunión para esta semana, a fin de resolver el tema, el diputado respondió: “No es que nos citemos particularmente, con casi todos nos vemos de forma permanente”.
Diferente fue lo que dijo el diputado Gonzalo Mujica (ex Nuevo Espacio, NE, ahora electo por el Espacio 609), quien sostuvo que “el que está con el tema del informe es Varela”, y agregó que “él tenía que entregar el informe junto con la información”. Por su parte, los diputados Jorge Pozzi (NE) y Javier Salsamendi (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, CAP-L) manifestaron desconocer en qué anda el asunto. Salsamendi contradijo a Mujica al sostener que “no se quedó en nada sobre quién estaba encargado de hacer el informe” y comentó que, a su juicio, no dan los tiempos. Pozzi parece no estar entre los “casi todos” que se ven “de forma permanente” según Varela, porque afirmó: “A mí nadie me citó para nada”.
Otro integrante de la comisión, Gustavo Bernini (Partido Socialista), opinó en forma autocrítica que la situación es “bastante impresentable” y admitió que “fue un error no haber podido avanzar en el informe”, asumiendo su parte de responsabilidad en ese resultado. Sin embargo, aseguró haber “buscado espacios para que la bancada se reuniera”, y que el problema fue que no hubo oportunidad para “concretar un ámbito para concretar el informe”. Bernini atribuyó esto a que los “absorbió” la campaña electoral, pero recalcó que hubo tres citaciones a las cuales él asistió, y que esperó a sus compañeros alrededor de media hora, pero “lamentablemente no concurrieron”. El socialista también destacó que “normalmente es la presidencia de cada comisión la que impulsa los tiempos” y expresó preocupación por “las formalidades”, ya que, a su juicio, “se pasaron todos los plazos”, y ahora tendría que “sentarse a ver en el reglamento si es posible que pueda seguir actuando la comisión en la próxima legislatura”.
Sobre este último aspecto, Mahía afirmó que la comisión podría volver a funcionar en la próxima legislatura, aunque sea con otra composición, que mantendría una mayoría del FA. A su entender, “los tiempos no alcanzaron para sacar las conclusiones antes de las internas de junio”. La referencia a esa fecha responde a que se había acordado no entregar los preinformes después de ella, para no mezclar su difusión con la campaña electoral.
Cuando se creó la comisión, la oposición propuso, sin éxito, que se investigara el período posterior a 2005, o sea el que estaba transcurriendo, con gobierno frenteamplista (así lo destaca el PN en su preinforme), pero el FA no aceptó eso. El diputado blanco Álvaro Lorenzo comentó que, si bien “seguramente haya motivos prácticos del retraso u omisión del FA, por la instalación del nuevo gobierno, y retraso general en el trabajo de la comisión”, la no presentación del informe les “daría la razón a quienes creían que [la comisión] tenía una intencionalidad meramente electoral”.
El nacionalista evaluó que la comisión fue una “mezcla de intereses políticos, algunos electorales y otros legítimos y reales de investigar las cosas”, y en su opinión “no es bueno que no se culmine este proceso, porque habíamos acordado finalizarlo”. El diputado Gustavo Espinosa (PC, Proba) dijo que desde su partido se “espera que el FA cumpla con su compromiso y obligación parlamentaria de presentar el preinforme en este período”. Y para que el oficialismo “no cumpla” faltan seis días.