Esta semana también declararon ante la Justicia los entonces jefe del Batallón de Transmisiones Nº 1 Nelson Chialanza, el subjefe Walter Silva y el oficial de Inteligencia Mario Segnini, los tres en situación de retiro. Todos ellos y Dalmao ya habían declarado como testigos, pero ahora lo hicieron como indagados, ya que así lo permitió el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que para esta causa emitió la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009.
De Punta Rieles
Hoy se realizará el traspaso del Ministerio de Defensa al de Interior del predio que fuera en dictadura el penal de mujeres Punta Rieles. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció que, como parte de la solución al hacinamiento carcelario, allí se construirá un establecimiento penitenciario y para eso se esperan tres o cuatro meses de reformas. Esta iniciativa despierta la inquietud de la Comisión de Fomento Punta Rieles, integrada por representantes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres. “Nos sorprende la rapidez con que pasó esto. Rosadilla nos recibió como presidente de la comisión de Defensa de Diputados, su hermana fue mi compañera de celda: sabe perfectamente de qué va esto y del proyecto de recuperación de la memoria de la zona que venimos realizando desde 2002, incluso con apoyo de la Junta Departamental y la intendencia”, señaló a la diaria Anahit Aharonian, referente de la comisión. Como ejemplo citó que el año pasado se firmó un convenio con la comuna capitalina para iniciar obras de construcción de una plaza -para las cuales se llamará a licitación el mes que viene- que se ubicará en Camino Maldonado y Camino Guerra, donde comienza el camino al predio. “Creemos que estamos a tiempo de hacer algo. Tenemos muy claro cómo viven los presos sociales y no se trata de que estemos en contra por la seguridad del barrio. No estamos opuestos a nada, estamos a favor de la recuperación de la memoria”, indicó Aharonian.
Dalmao, que amparado por la Ley de Caducidad había respondido las preguntas del magistrado vía epistolar, ayer reconoció que vio el cuerpo sin vida de Sabalsagaray, información que había omitido en su carta. Sin embargo, en su testimonio ante Vomero y Guianze, Dalmao se desvinculó de toda responsabilidad, alegando que se enteró a las 8.00 del 29 de junio de la llegada de Sabalsagaray al batallón -había sido detenida a las 2.00- y que cerca del mediodía, cuando se acercó para el registro de sus huellas digitales, se encontró con que se había suicidado; entonces pidió ayuda.
En su declaración, Chialanza había señalado a Dalmao, que entonces era alférez, como responsable de Inteligencia en el cuartel. Dalmao reconoció que era oficial sustituto -Segnini, que era el titular, estaba separado del cargo desde hacía cuatro días- pero negó que se efectuaran interrogatorios, se practicasen torturas a los detenidos o se los encapuchase. Afirmó, en cambio, que su participación se limitaba a lo “administrativo”.
Cómo sigue
El abogado querellante en la causa, Juan Errandonea, evaluó en diálogo con la diaria que en términos generales ni Dalmao ni los otros tres indagados aportaron información que conduzca a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Sabalsagaray.
No hay por el momento elementos de prueba que permitan establecer responsabilidades por la muerte de la militante, pero sí que confirmen que fue un homicidio y no un suicidio. En ese sentido, Errandonea explicó que hay tres elementos “contundentes”: los testimonios de los detenidos, el informe médico forense y el informe del perfil psicológico de Sabalsagaray, ambos solicitados por el juez Vomero. El abogado indicó que estas pericias destacan que por sus características, ella no era una persona proclive al suicidio y que la rodeaban circunstancias que hacen pensar que tenía motivos para mantenerse con vida, por ejemplo que estaba por casarse.
Está previsto que para antes de la semana de Turismo se cite a algunos testigos más que ratificarían los apremios físicos aplicados contra la joven, al tiempo que también en el transcurso de este mes se espera que el Ministerio de Defensa Nacional remita la información solicitada desde el juzgado. Errandonea recordó que se trata de los legajos personales de todos los oficiales indagados, del personal de Inteligencia del Batallón en 1974 y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Por último, Errandonea destacó como positivo el hecho de poder estar presente durante el proceso y participar de todas las diligencias, como lo establece la ley 18.026 para los crímenes de lesa humanidad. En otro orden, la fiscal Mirtha Guianze presentará hoy la acusación de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco por los homicidios en 1976 de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.