-La administración saliente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] asumió la impronta de “poner el dedo en la balanza” de los trabajadores. ¿Profundizar cambios significa seguir en esa línea?
-No me gusta la imagen del dedo en la balanza porque expresa algo que luego se podrá traducir en la realidad o no. El primer compromiso fue la recuperación del salario real perdido en el período de gobierno de Jorge Batlle, y en muchas ramas estaremos por encima de la recuperación prevista. Eso permite pensar en nuevos acentos, como continuar mejorando la distribución del ingreso -sustancial para un gobierno de izquierda- y recuperar los salarios más bajos. Esto debe abordarse desde dos ángulos: lo estrictamente salarial y los temas de empleo, porque buena parte de la recuperación que pueda generarse por la dinámica del mercado dependerá de lo que hagamos en calificación y formación profesional. Hoy un ingeniero de sistemas cambia de trabajo con enorme facilidad, porque en algunas áreas no tenemos desocupación cero, sino que hay más demanda que oferta.
Nuevas normas
El MTSS pretende certificar el nivel de cumplimiento de normas laborales de las empresas y para eso impulsará, por intermedio de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), la elaboración de una norma de calidad junto con el Latu. “Para asegurar el acceso a algunos mercados hay altos niveles de exigencia -calidad, sanidad y otros rubros-, y ahora aparecen normas internacionales, sobre todo en la Unión Europea, sobre cumplimientos de normas establecidas por OIT. En esto Uruguay puede marcar un diferencial favorable”, argumentó Brenta. En la IGTSS estará al frente el ex diputado Juan Andrés Roballo y la subdirectora será María Narducci, hasta ahora en la dirección. Brenta anunció la creación de un Observatorio de Relaciones Laborales y Empleo, que sistematizará información del Instituto Nacional de Estadística y medirá la conflictividad laboral, entre otras cosas. “No es para desconocer otros índices (la Universidad Católica tiene el suyo), sino para hacer algo más amplio y con nuestra mirada”, adelantó. Por otra parte, informó que el recién conformado Instituto Nacional del Cooperativismo está en contacto con la Administración Nacional de Educación Pública para incorporar temas vinculados al cooperativismo en la educación formal.
-¿Con qué acentos van a encarar la negociación colectiva?
-En política salarial dependemos del posicionamiento del Poder Ejecutivo, un punto que ya empezamos a discutir y que implica un proceso complejo porque hay que hacerlo a la luz de la nueva legislación. En principio aspiramos a una negociación que resuelva en los niveles superiores, para no entrar en algo desordenado. En síntesis, ni dedo en la balanza ni dejar de preocuparnos por lo que establece el programa del Frente Amplio [FA], en cuanto a tener la sensibilidad y la orientación de un gobierno de izquierda, con acento en los más débiles.
-Dirigentes de algunas cámaras evaluaron que la legislación laboral fue lo peor del último quinquenio. ¿Esta visión es representativa de la mayoría del empresariado?
-En el período 1990-2005 se eliminaron el ejercicio y la cultura del diálogo entre trabajadores y empresarios. En ese escenario las reglas de juego estaban dadas por la fuerza de cada uno para negociar o enfrentarse. A partir de 2005 se establecieron pautas de un diálogo enmarcado en la ley, que les hizo bien a empresarios y trabajadores. Hasta ese momento la sensación era que el Estado tenía que estar ausente de las relaciones laborales y el cambio fue muy fuerte, al punto que generó rechazo y hubo tensiones, sobre todo en los dos primeros años. Ahora arrancamos esta gestión con cambios sustanciales en el sector empresarial, y basta fijarse en lo que fue el evento de Punta del Este o en la baja en los niveles de conflictividad. Casos puntuales como el de Conchillas [en Montes del Plata] llaman la atención porque son raros. Quizás algún sector del empresariado todavía no asimiló la cultura de la negociación, pero la gran mayoría lo hizo, y ha advertido que en un gobierno del FA se pueden hacer muchas cosas en relaciones laborales. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional [Inefop] es un buen ejemplo de colaboración entre trabajadores, empresarios y el Estado. Otro punto de confluencia son los temas vinculados al informalismo, porque nadie quiere trabajo en negro y los empresarios no quieren competencia desleal. Coincidimos hace pocos días con representantes empresariales en el Banco de Previsión Social [BPS] en lanzar un ámbito permanente que discuta este punto. Conflictividad habrá siempre porque es parte de las tensiones de una sociedad capitalista, y nuestro rol es que sea lo menor posible.
-Un debate que dividió las aguas es si las ocupaciones son una extensión al derecho de huelga. ¿Qué opina?
-Comparto conceptualmente que la ocupación es una medida de lucha y que debería ser la última alternativa. El movimiento sindical estos años creció notoriamente en número de afiliados y es posible que, en muchos casos, haya falta de experiencia en gremios afiliados al PIT-CNT. Los sindicalistas saben que es necesario mejorar; tomo como ejemplo el nuevo local de formación del BPS [en Rivera y 18 de Julio], que es una maravilla. Hoy avanzamos hacia un escenario de modernización de las relaciones laborales, sin que implique renunciamientos o dejar nada por el camino. Sí implica acuerdos laborales cada vez más largos y que estén asociados -esto lo ha dicho el PIT-CNT- a la evolución de la economía del país y al desarrollo de cada rama de actividad.
-¿Cómo se mejora el mecanismo de los concursos para el ingreso al Estado?
-Somos conscientes de que los concursos son, junto con los sorteos, las mejores herramientas para ingresar a la función pública. En este ministerio ingresaron por concurso inspectores y negociadores, y no hay reclamos. El problema se produce, y a eso se refería Mujica, cuando se necesita personal con mayor nivel de capacitación o especificidad. En un mercado laboral tan pequeño como el nuestro se acota tanto el universo que termina pareciendo direccionado, y eso fue lo que manifestó Mujica. Quiso disparar una discusión respecto de cómo transparentar aun más el mecanismo y lo hizo con su estilo, tirando sobre la mesa algo fuerte que obliga al debate.
-Vázquez encontró una desocupación de dos dígitos y logró bajarla notoriamente. ¿Hay un riesgo de fracaso cuando haya que hacer un balance, en caso de que se estanque o suba?
-Tenemos una desocupación inferior a la estructural y para atacarla hay varias herramientas. Hay una economía que sigue creciendo, un instituto del empleo con recursos y capacidad técnica, y una experiencia importante en el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] con los proyectos Uruguay Trabaja. Los resultados a la hora de pasar raya seguramente van a ser más modestos, al igual que lo que pueda pasar con el crecimiento económico, pero hoy enfrentamos una desocupación completamente distinta. Antes eran trabajadores calificados que no encontraban empleo y hoy el perfil son mujeres, jóvenes pobres y de baja calificación, y otra franja son los mayores de 45 años que quedaron desenganchados después de la crisis. Entonces vamos a hacer un abordaje fuerte y quizás no habrá resultados espectaculares, pero tenemos como elemento nuevo que el mercado uruguayo se va a convertir en atractivo para compatriotas que están en el exterior, y en situaciones difíciles como las que vive España o Estados Unidos. Seguramente muchos de ellos comenzarán a evaluar seriamente la posibilidad de volver a trabajar en Uruguay, que ofrece buenas posibilidades a gente con alta calificación. Hay que articular con el Departamento 20 para que se conozca la situación en la que estamos, y otro proceso es que Uruguay se convierta en un mercado laboral atractivo para profesionales de clase media de Argentina o Chile.