En el mismo expediente, el juez penal Carlos García todavía no ha podido indagar al ex director y diputado herrerista Alberto Casas, que tuvo mejor desempeño en las urnas y sigue amparado en la inmunidad parlamentaria. Atento al petitorio fiscal, el juez García dictaminó la prisión -con la salvedad de que la privación de libertad la cumpla en su casa- del dirigente floridense, a quien imputó ser coautor de un delito continuado de fraude y autor de un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real, basado en los artículos 160 y 162 del Código Penal, respectivamente. La prisión domiciliaria ampara a personas procesadas o condenadas mayores de 70 años (Amaro cumplirá 80 en setiembre), y para otorgar ese beneficio el magistrado tiene que considerar las “circunstancias del delito cometido”.

La defensa de Amaro (integrada por el abogado y dirigente quincista Jorge Barrera, entre otros) pidió sin éxito el archivo del expediente y basó su argumentación en una norma de 1998 que habilita a los organismos del Estado a realizar donaciones a privados, incluyendo la realizada para el monumento al caballo de Sarandí Grande, una de las tantas autorizadas por el cuestionado directorio.

Las donaciones fue uno de los rubros, aunque no el único, incluidos en las denuncias contra el directorio de OSE del período 2000-2005, que fueron en primer término planteadas desde el sindicato y luego abordadas por una comisión parlamentaria. A la salida del juzgado, Barrera declaró a la prensa que la imputación que realiza la justicia, vinculada a los viáticos de tres asesores, no supera los 10 mil dólares, mientras que durante su gestión Amaro manejó más de 510 millones de dólares. “No está en tela de juicio su integridad”, reiteró la defensa, que presentó ante la sede penal unos 35 documentos que intentaban comprobar la inocencia del ex parlamentario.

Otro de los imputados en esta causa, el diputado maragato Casas, prefirió no opinar sobre la resolución de García. “No tengo absolutamente nada para decir al respecto”, afirmó. Sí se atrevió a aventurar un punto de vista el ex presidente Batlle, que en declaraciones a El Espectador le atribuyó “intenciones políticas” al veredicto y planteó la interrogante de si la justicia considera un abuso de funciones la colecta con privados realizada por el presidente José Mujica para los actos del 1° de marzo. Por su parte, para el diputado socialista Gustavo Bernini, que integró la comisión investigadora de entes, resultaba “obvio” que ése iba a ser el dictamen de la justicia, si se tiene en cuenta lo que ya había sucedido con Landoni y Granucci. “Queda claro que había suficientes elementos probatorios para levantar los fueros, tanto de Amaro como de Casas, que fue lo que planteamos en aquel momento”, recordó Bernini.

En la anterior legislatura, los dos ex directores de OSE evitaron la comparecencia ante el juzgado amparados en sus fueros parlamentarios, con los votos que aportaron en junio de 2007 las bancadas blancas y coloradas (aunque los senadores oficialistas Alberto Cid y Eduardo Lorier plantearon dudas sobre la conveniencia de levantar la inmunidad del ahora procesado Amaro). El diputado Gustavo Espinosa, del Partido Colorado, tomó este episodio como una muestra de la “independencia de la justicia” que actuó sin considerar las señales enviadas desde el Parlamento, que en su momento no halló elementos suficientes para levantar la inmunidad de Amaro. “Personalmente estoy dispuesto a discutir o revisar los alcances del instrumento del fuero parlamentario, y hacerlo entre todos los partidos sin preconceptos”, afirmó Espinosa.

Su colega José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) piensa que “estaría bien” plantear un debate parlamentario y constitucional sobre la validez del fuero parlamentario, pero teniendo en cuenta la salvaguarda que se buscaba con su aplicación. “Hay que hacer estos razonamientos en forma abstracta y no de procesamientos concretos, o lo que podría pasar con alguien que hoy está amparado”, puntualizó.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos Sosa, se mostró satisfecho con el fallo de García y recordó que el sindicato comenzó a presentar elementos probatorios de las irregularidades mientras los jerarcas procesados todavía estaban en funciones. “Hoy el resultado que tenemos está claro, pero hay que acordarse de que fue el Parlamento el que obstaculizó la actuación de la gestión, y de que hubo parlamentarios del FA que también estaban en esa línea”, criticó Sosa.

La FFOSE considera que “todavía” en el organismo del Estado sigue habiendo “situaciones irregulares que no son sostenibles”, como, por ejemplo, las designaciones directas que pueden otorgar las jefaturas y los cargos medios. “No es por ese camino como se resuelven problemas de más de 40 años, y la gestión del FA no lo pudo resolver”, remarcó Sosa.