Aunque el tiempo pase

Según sus testimonios, el operativo estuvo a cargo del general Juan Rebollo y en él participaron los generales Julio César Rapella y Esteban Cristi, los mayores Armando Méndez y José Nino Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mouriño, Julio César Gutiérrez y Jorge Pajarito Silveira. Los militares irrumpieron en la madrugada del 21 de abril en los apartamentos ubicados en Mariano Soler 3098 bis y Ramón de Santiago, en el barrio Brazo Oriental. Se dirigieron al número cinco para detener a Washington Barrios, pero encontraron que quien vivía allí con ese nombre era el padre del militante tupamaro.

“Entraron, pusieron una metralleta en la cabeza de su hermana Jacqueline, de nueve años, y de sus padres, y les preguntaron cuál era el apartamento. La mamá les dijo que era el tres, pero que tuvieran cuidado porque Silvia, la esposa, estaba embarazada de tres meses”, relató Reyes, hermana de Silvia. Pero Barrios no estaba, ya se había exiliado en Argentina. Diana y Laura vivían en Malvín pero se encontraban provisoriamente en la casa de Silvia. “Mi hermana no iba a salir del país, pero estaba ayudándolas a ellas para que se pudieran ir de forma clandestina”, dijo Reyes.

Diana cursaba en la Facultad de Psicología y militaba en el centro de estudiantes y en el 26 de Marzo; Laura lo hacía en una agrupación de base del MLN. Ambas habían estado detenidas en 1972 en el Batallón 13 de Infantería. “Como todo el que había estado preso, ellas estaban siendo perseguidas y eran amenzadas con que las iban a matar cuando caminaran por la calle”, explica Detta, compañera de reclusión de las dos.

Esa madrugada estaban las tres. “Entraron a fuego cruzado con armas de grueso poder. Estaban por las azoteas, por los corredores, por todos lados. Tiraron la puerta abajo con ametralladora, se oyeron llantos y luego no se escuchó nada más. Ellas estaban acostadas porque las sacaron -lo que quedaba de ellas, en realidad- en ropa interior, en ropa de cama”, reconstruyó Reyes en base a los testimonios de los vecinos.

Los militares permanecieron en el lugar esperando que Barrios llegara. “No sabían que no estaba, pero en determinado momento dieron la voz de alto, avisaron por megáfono que venía en una moto y, como no se detuvo, dispararon. Por supuesto, no era Washington; se confundieron porque él tenía una moto, pero él antes de irse la había dejado en un taller”,contó. La víctima era Dorsal Márquez, oficial de Policía. “Intentamos hablar con su familia pero no nos escuchó. Se quedaron con la versión de los militares, que dijeron que había fallecido en cumplimiento del deber, e incluso conmemoran su muerte en el acto de los caídos, pero no fue así porque a las chiquilinas ya las habían matado”, relataron.

En mayo de 2006 y en el marco de un careo por la causa que investiga la desaparición de Barrios, ocurrida entre 1974 y 1975 en Argentina, Gavazzo, Silveira y Rebollo reconocieron haber participado en el operativo, aunque no vieron nada. “Gavazzo dijo que estuvo con la familia [de Barrios] y que hubo un tiroteo pero que no tenía nada que ver. Silveira dice que se quedó en la camioneta y que no llegó a entrar. Y Rebollo dijo que fue herido en un brazo y no vio nada porque lo tuvieron que llevar al Hospital Militar, que los que iban adelante eran Rapella, que ya murió, y Gutiérrez, que falleció en el operativo”, relató Reyes, quien participó en el careo.

Lo jurídico

La denuncia por los homicidios fue presentada en 1986, pero la investigación se detuvo con la aprobación de la Ley de Caducidad en diciembre de ese año. Se presentó entonces un recurso de inconstitucionalidad -que incluyó varios casos- que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia el 2 de mayo de 1988. En 2005 y amparándose en las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos realizadas a Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) solicitó al Poder Ejecutivo que se pronunciara acerca de si el caso podía ser excluido de la Ley de Caducidad.

El entonces presidente Tabaré Vázquez respondió que para hacerlo la justicia debía investigar. El abogado Jorge Pan, representante de Ielsur, explicó a la diaria que se citó testigos pero que en febrero de 2006 el juez Pablo Eguren volvió a archivarla a pedido del fiscal Enrique Möller, quien decidió que estaba amparada por la norma. Alegando denegación de justicia, Ielsur presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este momento estudia la admisibilidad de la causa. No obstante, Pan aclaró que tiene expectativa por el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso de María Claudia García de Gelman -que llegará a corto plazo- porque tendrá efectos generales para todos los casos.