El proyecto de Ley General de Adicciones presentado por el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) y la creación de una comisión parlamentaria para discutirlo dispararon el debate en la sociedad civil. Este viernes al mediodía, un grupo de organizaciones sociales y personalidades de izquierda que siguen de cerca la temática y cuestionan el proyecto se reunirá para continuar analizando el escenario, con ánimo de incidir en la discusión legislativa.
La semana pasada ese grupo divulgó un documento para expresar su rechazo a la concepción “filosófica, ideológica, política y técnica” que inspira la iniciativa de Semproni. Salen al cruce de esa “concepción autoritaria” del rol del Estado en relación con el derecho a la salud, aseguran que la “ilusión” de que el tratamiento compulsivo es eficaz ha sido desmentida en los últimos 60 años de práctica profesional, y advierten que esta propuesta acentuaría la fragmentación de la red social, “enfrentando falsamente” a usuarios y vecinos. “De prevalecer esta iniciativa, nos retraería a las políticas oscurantistas de principios de los años 80, echando por tierra los avances logrados en los últimos 10 años”, continúan.
Firman El Abrojo, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Prolegal (que promueve, entre otras cosas, la legalización del consumo de marihuana), Encare, Bien-Estar, y Vida y Educación. También se sumaron a la iniciativa el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Uruguay (Cadesyc), que pertenece al Movimiento de Participación Popular, y personalidades frenteamplistas como la ex senadora Margarita Percovich; el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Alejandro Zavala; el sociólogo Gustavo Leal y Lill Colonna, ex integrante del MLN, entre otros.
El abogado Diego Camaño, de Ielsur, divulgó en el portal 180 una carta en la que polemiza duramente con Semproni. Sostiene que su proyecto evidencia “desconocimiento sobre nuestra legislación”, ya que no toma en cuenta que la actual ley de estupefacientes prevé la posibilidad de internar compulsivamente al “toxicómano” desde 1974, pero los jueces jamás echaron mano a ese artículo. “Esto ha sucedido porque los magistrados no pueden erigirse en paladines de la ‘lucha contra los adictos’ que Semproni pretende. Los jueces deben resolver conflictos de derechos, no son abanderados de una guerra”, sentenció. Para Camaño, uno de los peores capítulos del proyecto es el que habilita a denunciar a los adictos para activar el procedimiento judicial. “¡Qué buena forma de promover la conflictividad social! Sería arbitrario que una ley dividiera a los ciudadanos en dos categorías, ‘adictos’ y ‘no-adictos’, estableciendo una clara supremacía de los últimos”, argumenta. Camaño responde a “tal dislate” recordando que la Constitución protege el derecho a la libertad de toda persona, incluyendo el derecho a elegir qué sustancias consumir. El asesor de Ielsur confía en que la idea será “aplastada por todas las voces” y fracasará en el Parlamento. “Una vez más, un legislador aprovecha el momento político y mediático para plantear una iniciativa cuyas consecuencias serían desastrosas para la salud de los usuarios y también para la convivencia ciudadana”, remató.