El tema lo sacó a luz Océano FM ayer de mañana. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se pusieron de acuerdo y votaron por unanimidad que los montevideanos pagaran una deuda generada por el edil Jar Sánchez con el Banco de Previsión Social (BPS), a pesar de que desde la contaduría de la Junta Departamental se responsabilizó al dirigente colorado por los 8.500 dólares que se le deben al organismo. Sánchez logra así su segundo gran protagonismo en esta legislatura. El primero había sido en setiembre de 2006, cuando se dilucidó un caso penal que lo tuvo como protagonista.

“Zeta coimero te vendés con los judas T Inglesa”, decía una de las pintadas aparecidas en la rambla de Pocitos, dirigidas al ex director de Rentas. La Policía comenzó a actuar a través de una denuncia penal presentada por el Comité Central Israelita del Uruguay, bajo el entendido de que dichas afirmaciones “constituyen actos de odio y desprecio contra Eduardo Zaidensztat, miembro integrante de nuestra comunidad, y contra los judíos en general, por cuanto de manera denigrante y ofensiva se los pretende presentar como delincuentes o, por lo menos, sujetos éticamente reprochables”.

El juez Rolando Vomero lo procesó con prisión por “un delito de desacato por ofensa”, tipificación que engloba a la solicitada por la comunidad judía con base en el artículo 149 bis del Código Penal, que refiere a “la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas”. Primero fueron detenidas tres personas que confesaron haber escrito los muros, pero aclararon que el ideólogo y el financiador había sido Sánchez. En aquel episodio, la figura de Jar cobró estado público por pagar, mientras que en éste se destacó por no hacerlo.

A partir de 2002 la Junta comenzó a asignar una partida a los ediles para gastos de funcionamiento, ya que si bien ellos son honorarios, no lo son, por ejemplo, sus asesores y secretarios. Los ediles deben abrir una empresa unipersonal para registrar en el BPS los aportes de su personal. El edil colorado alegó que la situación se arrastra desde principios de este período, aproximadamente desde el tiempo en que pagaba para hacer pintadas y tenía la cabeza en otra cosa: “Al dinero los ediles no lo tocamos. Ocurrió un fallo administrativo, un error, no se vertieron los dineros de uno de mis secretarios durante dos meses, creo, y se generó una deuda. Primero me llegó una notificación de la deuda. Vine a la Junta, hablé por ese problema. El tema nunca se solucionó hasta que el BPS me embarga a mí. Cuando me vino el embargo me dirigí a la Junta Departamental. Acá el error no fue mío, la deuda no es mía. O se pagaba o con un abogado particular demandaba a la Junta Departamental por ese error”, afirmó Jar.

Sin embargo, también en Océano FM, la contadora general de la Junta, Cristina González, dio su versión técnica: “Averigüé por qué se había producido esa deuda y supuestamente él no levantó los cheques en tiempo y forma. Eso le generó una deuda por la que hizo un convenio y no lo pagó. Ahí me vino a plantear el tema, traté de indagar y nadie se acordaba de nada. Lo que sí pude verificar es que él no retiró los cheques y eso fue lo que le generó una deuda”. La funcionaria también aseguró que en caso de que Sánchez hubiera iniciado un juicio, la Junta no tenía margen para perder, ya que la responsabilidad por los aportes patronales son del titular de la unipersonal y no del organismo.