Es la primera sentencia por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública donde se configuró el “silencio positivo”, es decir, que una institución del Estado hizo caso omiso a la solicitud de un periodista. El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que presta asistencia letrada en la materia, solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) datos de los casos para realizar un informe de evaluación de la aplicación de esta norma, pero éstos le fueron negados. El presidente del Cainfo, Edison Lanza, adelantó a la diaria que presentarán una acción de amparo, según lo dispuesto en la propia ley en cuestión.

Ayer se presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y una guía de implementación. Participaron expertos de varios países, incluyendo a Lanza en representación de Uruguay, quien explicó que el objetivo es establecer estándares regionales.

En comparación con éstos, la ley uruguaya, vigente desde noviembre de 2008, cumple “bastante bien” en lo que a la redacción se refiere, pero tiene un “diseño institucional de segundo nivel”, al que se les destinan “pocos recursos”. “El objetivo de aprobar una ley de acceso a la información pública es que el Estado adquiera una cultura de la transparencia, no que las personas recurran a ella para hacer valer ese derecho. Y para cambiar esta cultura del secreto es necesario contar con una institucionalidad fuerte”, declaró Lanza.

Como ejemplo citó las experiencias de México y Chile, donde la ciudadanía cuenta con un consejo autónomo para evacuar todas las demandas por denegación de información. Este tipo de organismo es el que recomienda la guía de implementación modelo de la OEA y es, según Lanza, a lo que Uruguay debería encaminarse. Sobre todo porque, en nuestro país, para realizar la demanda judicial es necesario pagar a un abogado, y porque es frecuente que las instituciones esperen esa instancia para otorgar la información.

Para el presidente del Cainfo, el caso del periodista maragato David Rabinovich es “significativo” porque “ha utilizado la ley como herramienta sistemática para obtener resultados” y ya lleva acumuladas “tres o cuatro” acciones de amparo. La sentencia dictada el martes pasado por el juez Álvaro Messere (letrado de tercer turno de San José) es la primera en la que se configura el “silencio positivo”. En los casos anteriores, las instituciones no otorgaron la información por diferentes razones o la enviaron incompleta, pero en éste se produjo una falta de pronunciamiento en el plazo previsto por la ley, que es de 20 días hábiles. En la instancia conciliatoria no hubo acuerdo y el magistrado consideró que dada la “lacónica contestación” de los representantes de la comuna “ensayada en audiencia [...] no se justifica otorgar el máximo de plazo establecido”, es decir, 15 días corridos, para que entregue al periodista lo solicitado y otorgó ocho. Para tomar esta decisión también tuvo en cuenta que pasó un “tiempo prudencial” desde las solicitudes realizadas entre el 8 de febrero y el 12 de marzo.

El plazo para la entrega de información sobre gastos de publicidad y propaganda, la explotación de una cantera y plantilla de personal se cumple el miércoles, y por cada día de atraso se le aplicará una multa en Unidades Reajustables, que determinará el juez oportunamente. El dictamen establece que “la única excusa legal” que puede hacer valer la negación de un organismo es “el carácter reservado o confidencial de la información solicitada”. No obstante, esta excusa no tiene valor para este caso porque en la audiencia los representantes de la intendencia dijeron “expresamente que la entregarían”.

En 2004, Rabinovich, patrocinado por la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, fue el primero en denunciar al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación administrativa y judicial del acceso a la información pública. Esta demanda, que también involucró al gobierno local, fue motivada luego de que la Junta Departamental no entregara las actas de la Comisión de Presupuesto.