En la misma calle y con dos días de diferencia, hubo esta semana dos recordatorios multitudinarios, violento uno y pacífico el otro, sobre lo que sucede cuando las instituciones dejan de lado los derechos humanos. El segundo fue anoche: miles de personas marcharon por 18 de Julio para repudiar una vez más el terrorismo de Estado y exigir justicia. El primero fue el martes: ni la Policía ni el gobierno garantizaron estos derechos fundamentales en su fallido intento de brindar seguridad en los festejos por el primer campeonato uruguayo de Peñarol en siete años.

El ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, consideró que los operativos fueron “exitosos” porque “no hubo muertos, no hubo heridos graves y los daños han sido menores”. Para el presidente José Mujica, la Policía “estuvo notable”, según informó ayer Búsqueda. ¿Puede considerarse un éxito notable que un partido clásico definitorio del campeonato se haya jugado en plena jornada laboral, que los comercios del Centro de Montevideo debieran cerrar temprano, que el festejo quedara trunco, que seis policías y al menos otras cinco personas sufrieran lesiones, aunque sea leves, o que apenas dos de los 290 detenidos fueran procesados por la justicia?

No. Pero el Poder Ejecutivo, responsable de todo esto, les facturó la violencia a los otros dos. Al Judicial, por haber “soltado” demasiado pronto a los detenidos. Al Legislativo, por no armar a la Policía con “herramientas” para combatir mejor a los hinchas violentos. El juez penal Ricardo Míguez devolvió la primera factura al declarar a El Observador que la enorme mayoría de los arrestados fueron liberados porque no se los acusó de nada más que de exaltación o borrachera. Si los hubiera recluido, habría violado el artículo 15 de la Constitución (“nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba”) y el 22 (“todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público”). Quedaron libres por la incompetencia de la Policía para cumplir una de sus funciones básicas: acusar a los delincuentes.

La segunda afirmación se desacredita sola. El Código Penal y la Ley 17.591, de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, tipifican numerosos delitos y faltas aplicables, como asonada; atentado contra la seguridad de los transportes; lesiones; riña; daño; provocación o participación de desorden en un espectáculo; contravención a disposiciones dictadas de la autoridad para garantir el orden; palabras, ademanes, escritos o dibujos contra la decencia en lugares públicos; arrojamiento de cosas o sustancias en lugares de tránsito y disparo de armas de fuego y de petardos en poblado.

Aun así, el Ministerio del Interior lamenta la falta de una ley que le permita incluir en el registro de hinchas violentos a personas que no hayan sido procesadas por la justicia. O sea, una ley que viole principios constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Se puede dejar ese archivo librado a la Policía sin temor a arbitrariedades?

El origen de los incidentes del martes es incierto. Imágenes televisivas y otras versiones de prensa apuntan a dos posibles, tal vez simultáneas: la reacción de hinchas a la requisa policial de bebidas alcohólicas y la escalada de vándalos contra quioscos, semáforos y marquesinas alrededor de la plaza Cagancha. Sea como fuere, lo que sucedió luego estuvo lejos de la legítima “represión selectiva” que prometió el viceministro Vázquez. Fue una batalla entre vándalos y policías por el dominio del territorio, unos con piedras y botellas, los otros con porras y balas de goma. Muchos hinchas decentes quedaron atrapados. La televisión mostró el avance de agentes antimotines en formación amenazante y atacando al barrer, palos a personas ya reducidas, incluso caídas en el suelo, y hasta el maltrato a un camarógrafo de Canal 10.

La inflexibilidad y el prejuicio signaron los operativos. “En todos los festejos terminamos así”, dijo a El Espectador el convaleciente jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, quien había recomendado en declaraciones a El País “hacer un corral como para animales, poner ahí adentro a los hinchas exaltados y que se revienten entre ellos”. Cuando se le preguntó por qué se mantuvo el lugar de la celebración, Jorge Vázquez sentenció: “Si tenemos que ir a festejar un partido de fútbol a Caraguatá, nos ganaron los vandálicos, y los vandálicos no nos van a ganar”.

El subsecretario del Interior quería ganar, como en el fútbol. Pero el martes en 18 de Julio no ganó nadie. Perdieron los que querían manifestar su alegría, los imbéciles incapaces de festejar sin joder al prójimo, varios comerciantes, la Policía, la justicia. Perdieron los derechos humanos. Menos mal que anoche volvieron a copar la avenida.