Es tiempo de que la Universidad de la República tenga una nueva Ley Orgánica, como parte de una reforma profunda que se ha vuelto impostergable y como expresión de la consolidación de algunas iniciativas en curso.
Esta carta tiene el propósito de explicitar en forma sintética, dentro de los límites de su extensión, los motivos principales por los cuales los firmantes consideran que esos cambios profundos son necesarios y que, además, hay muchas razones para pensar que existen condiciones favorables para que ocurran próximamente. Al mismo tiempo, nos proponemos convocar a los universitarios, en este caso a los docentes de las más diversas generaciones y especialidades, a una participación activa en el proceso de reforma universitaria en general y de cambio de la ley en particular, a través de los mecanismos existentes para influir en la propuesta de contenido, por ejemplo la próxima Convención docente que tendrá lugar el 22 de mayo.
Somos conscientes de que estos cambios deberían haber comenzado hace mucho tiempo y de que su no ocurrencia ha generado cierto escepticismo sobre sus perspectivas actuales. Pero constatamos también que en los últimos años la Universidad de la República (Udelar) ha comenzado a adoptar medidas importantes de transformación que requieren profundización y cambios legales.
Al mismo tiempo, existe en la población y en el gobierno nacional una mayor conciencia acerca de la necesidad de atacar los problemas centrales del sistema educativo como una de las primeras prioridades nacionales. Ello nos alienta, en el sentido de que hay posibilidades reales de cambio. Percibimos, además, que es necesaria una participación activa de docentes e investigadores en la definición de los complejos temas involucrados, a fin de que las soluciones que se adopten, y que sin duda pesarán por un largo plazo en la sociedad uruguaya, sean las mejores y permitan la apertura del país a la transformación y a la modernización de la educación pública, para servir mejor a nuestra sociedad nacional. Estamos convencidos de que ello debe hacerse con una gran apertura y con total independencia de cualquier otro tipo de circunstancias políticas, universitarias o nacionales.
Un aspecto de primera importancia, en lo que se refiere a la educación terciaria y superior pública, es la construcción de un auténtico sistema de educación en ese nivel, que comprenderá no sólo a la Udelar sino también a otras instituciones, como figura en parte en la Ley General de Educación aprobada en diciembre de 2008. Ya en sus resoluciones de marzo y abril de 2007, el Consejo Directivo Central de la Udelar marca el rumbo en esta materia, cambiando una postura tradicional que no contribuía a crear las condiciones para el cambio.
Creemos que resulta necesario que la Udelar impulse una propuesta específica para la reforma de su Ley Orgánica, cuya última modificación fue consagrada hace más de medio siglo y que hoy no sólo se encuentra desfasada de la realidad, sino que se ha convertido en obstáculo para muchos de los impulsos de reforma más genuinos. En este sentido, hay que recordar que la Udelar inició la discusión de una nueva Ley Orgánica hace más de dos años. En ese proceso, ya en 2008 convocó a partidos y organizaciones sociales a intercambiar ideas sobre el asunto. Todo ello ha posibilitado la elaboración de un borrador de proyecto, actualmente bajo consideración.
Por cierto que para apostar a una reforma universitaria de fondo y a largo plazo no hay que restringir la perspectiva y confundir la sanción de una nueva Ley Orgánica con la profunda transformación de la educación terciaria que el país todo se debe y que, sin duda, involucrará a otras instituciones y actores. El primer gran mérito de una nueva Ley Orgánica debe ser precisamente el de habilitar dinámicas e interacciones nuevas de la Udelar con otros organismos públicos. La coordinación efectiva, horizontal y vertical, aún es una deuda del sistema legal que rige la educación nacional, siendo sus principales víctimas los jóvenes que tropiezan con los muros o los desniveles entre instituciones. Tanto la nueva Ley Orgánica como las leyes que rijan el resto del sistema educativo deben contener normas que permitan avanzar en este aspecto cardinal, especialmente a la hora de crear instituciones nuevas. No se trata de establecer feudos nuevos, sino un verdadero sistema coordinado, en el que el tránsito de estudiantes y de educadores sea realmente facilitado.
Para hacer una opción efectiva por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, en la ampliación de las oportunidades de acceso y en la excelencia de desempeño en el nivel superior de la enseñanza, Uruguay necesita diversificar y modernizar su sistema de enseñanza pública a nivel terciario. Entre otras cosas, es preciso multiplicar las oportunidades de investigación y de enseñanza en todo el territorio nacional, facilitando la posibilidad de creación de nuevas instituciones y formas de organización, en un marco de flexibilidad (que no debe implicar inestabilidad o desgobierno), descentralización territorial y especialización. Aunque la Udelar no es la única institución involucrada en este proceso, concentra una parte ampliamente mayoritaria de los recursos humanos, la investigación y la enseñanza terciaria. Por lo tanto, debe jugar un papel importante y tiene la responsabilidad de hacerlo. Para ser un actor fundamental de esa transformación más amplia, creemos que la Udelar requiere de un nuevo marco jurídico para su propio funcionamiento, que exprese con claridad la especificidad de sus propuestas educativas, que consolide y modernice su autonomía y que mejore sus alternativas de coordinación con otros organismos e instrumentos que el Estado ha creado en los últimos tiempos, vinculados en forma directa con el conjunto de las tareas universitarias. Ello coadyuvará para que se pueda avanzar en la delimitación de nuevas estructuras y en una democratización innovadora y concreta del ejercicio de nuevas formas de cogobierno universitario.
Recientemente, la Udelar ha realizado fuertes apuestas de renovación, incluyendo la creación de ciclos iniciales comunes a varias facultades, el apoyo a la investigación interdisciplinaria y a aquella vinculada con la inclusión social y con la exigencia de un proyecto productivo que potencie al máximo el “Uruguay inteligente”. Para que pueda avanzar decididamente en estos y en otros campos hay que transformar su estructura académica actual.
Como ejemplo revelador de cómo la actual Ley Orgánica limita este proceso, es interesante mencionar el plan de regionalización de actividades, que procura instalar capacidades de enseñanza, investigación y relación con el medio en diversas zonas del país. Esta apuesta es mucho más ambiciosa que la simple oferta de clases fuera de Montevideo. De su éxito depende que se contribuya a la efectiva instalación de capacidades académicas en varias regiones, con la creación de centros de excelencia en áreas temáticas relacionadas con su tejido social y productivo. Éstas deberán exhibir fuerza suficiente para contribuir al fortalecimiento del sistema nacional de enseñanza terciaria pública, a un poderoso desarrollo de la Udelar y a la creación futura de instituciones independientes. La mera diseminación de actividades de enseñanza puede ofrecer servicios útiles a la población, pero condena a los centros regionales a una gran debilidad, si no a una perpetua dependencia del centralismo universitario.
La actual Ley Orgánica consagró una estructura universitaria basada en una nómina fija de facultades. Sólo éstas tienen hoy la necesaria autonomía de funcionamiento académico y presupuestal y representación integral (con voz y voto) en el Consejo Directivo Central (CDC). ¿Qué importancia tiene esto, más allá de la distribución del poder dentro de la institución? Esta estructura condena a los centros regionales que la Udelar está impulsando a un nivel de dependencia que sería letal para su desarrollo, ya que no cuentan con una autonomía funcional comparable siquiera con la de una facultad. Por otra parte, la Ley Orgánica vigente no permite que facultades creadas luego de su promulgación tengan representación integral en el CDC. Asimismo, no incentiva que otras formas de organización que trascienden y desbordan el esquema tradicional de facultades, muy necesarias y presentes en las universidades contemporáneas (a título de ejemplos, institutos interdisciplinarios destinados al estudio de problemas centrales para la sociedad, institutos disciplinarios que trasciendan a las facultades profesionales, institutos o centros experimentales) tengan autonomía académica y financiera comparable con la de una facultad.
Obsérvese, también como ejemplo de estructura académica perimida y que requiere cambios fundamentales, que la Ley Orgánica vigente carece de toda referencia al posgrado, inexistente en nuestro país en 1958 (salvo en las especialidades médicas). No se puede concebir una universidad en el mundo actual sin una estructura de posgrados, con peso no sólo en la enseñanza y en la investigación, sino también en la conducción institucional. Es uno de los cambios que evidentemente la nueva ley debe incluir.
En suma, la estructura académica que consagró la Ley Orgánica de 1958 (¡y que en gran medida no es otra que la de la vieja ley de 1908!) quedó congelada en el tiempo. Su permanencia más de medio siglo después representa en muchos aspectos una traba muy importante para las trasformaciones necesarias de la Udelar, tanto en la capital como en el interior. Hay que construir una Universidad moderna que deje de ser una suma de facultades. Una nueva Ley Orgánica no logrará por sí sola una meta tan ambiciosa, pero facilitará las condiciones imprescindibles para avanzar en ese sentido.
La transformación de la estructura académica no es el único factor que exige el cambio normativo. También lo requiere la profundización de otras iniciativas de innovación que se han comenzado a efectivizar o cuya implementación ha formado parte del debate universitario reciente.
Reseñamos brevemente algunos otros temas de similar importancia, a título de ilustración de una lista más extensa: a) la transformación de sus formas de gobierno (con disminución del tamaño del CDC y mayor delegación de funciones, su concentración en la atención de temas políticos relevantes y de más largo aliento); b) la adecuación normativa para pasar de ser la única institución de educación superior pública (como era cuando se redactó la Ley Orgánica vigente) a ser parte de un verdadero sistema terciario de educación pública, con diversas instituciones, creadas o a crearse; c) la creación de ciclos básicos comunes progresivamente incluyentes, que crucen de manera concreta la vida universitaria en su conjunto, superando las compartimentaciones existentes y estimulando lógicas de mayor conectividad; d) el establecimiento de propedéuticos en red, sistemas de becas y estudios a tiempo completo, abreviando la duración de los estudios y abriendo oportunidades de reorientación de los estudiantes; e) la profesionalización de la gestión administrativa, uno de los temas centrales que requieren modificaciones a nuestras prácticas actuales, cuyos problemas se han agudizado con el aumento del tamaño institucional y cuya resolución es clave para que el resto de las reformas puedan ser operativas.
Éstos son ejemplos ilustrativos sobre la necesidad de una reforma de la Ley Orgánica de la Universidad, como paso fundamental para la consolidación efectiva de una Udelar reformista, que se constituya en la usina de la creación y consolidación del sistema terciario de educación superior. Debe advertirse en este sentido la grave incoherencia que supondría la emergencia desordenada de un nuevo sistema universitario nacido por simple agregación de organismos, sin interconexión y sin reforma del marco normativo de la Udelar que adecue la institución a esa nueva situación.
En este contexto, resulta imperativo, a nuestro juicio, que Uruguay se plantee reformar la Ley Orgánica de la Universidad de la República y que dicha reforma se lleve a cabo en la actual coyuntura. Hay circunstancias que convergen en esa exigencia, en términos de necesidades urgentes de proyecto nacional. El nuevo gobierno y el conjunto del sistema de partidos han dado señales de interés y capacidad propositiva en este plano. Pero también otras instituciones sociales y académicas del país se orientan en una perspectiva similar. Todo lo que antecede ha estado en el tapete en tiempos recientes y ha motivado numerosas y diversas opiniones. El debate está instalado; es importante que se tramite de la mejor manera y que se resuelva en decisiones que contengan la mayor legitimidad posible. Entendemos que es responsabilidad de la Udelar pasar de la discusión interna a ofrecer una propuesta de reforma de la Ley Orgánica para el debate público y la decisión parlamentaria. De ese modo realizaría una contribución positiva al tema, dando, asimismo, señales claras de su voluntad de transformación y su sensibilidad ante los desafíos que le plantea la sociedad toda.
Los grandes principios que inspiraron la Ley Orgánica de 1958, la autonomía, el cogobierno de los órdenes y la democracia interna, la gratuidad, serán fortalecidos por los cambios que ésta necesita para permitir la superación de las limitaciones actuales. Lograr que esto sea así depende en buena medida de que el demos universitario asuma en serio un proyecto global de reforma universitaria, lo discuta, lo enriquezca, defendiéndolo como uno de sus aportes fundamentales al futuro nacional. La efectiva defensa de los valores y principios de la Universidad de la República que tenemos, reflejo y actor central de nuestra historia, pasa hoy por su transformación.
Firmantes
Hugo Achugar, Javier Alonso, Matías Arim, Rodrigo Arim, Luis Barbeito, Luis Bértola, Samuel Blixen, Liliana Borzacconi, Daniel Buquet, Gerardo Caetano, Héctor Cancela, Cecilia Cajarville, Pablo Chilibroste, Rodney Colina, Juan Cristina, Amílcar Davyt, Omar Defeo, Ana Denicola, Álvaro Díaz Maynard, Guillermo Dighiero, Adolfo Elizaincín, Ricardo Fraiman, Rodolfo Gambini, Elsa Garófalo, Daniel Gil, Margarita Heinzen, Gabriel Kaplún, Carlos Ketzoián, Enrique Lessa, Arturo Lezama, Susana Mallo, Néstor Mazzeo, Carmen Midaglia, Ernesto Mordecki, Héctor Musto, Pedro Narbondo, Daniel Naya, Miguel Paternain, Adela Pellegrino, Teresa Porzecanski, José Quijano, Rafael Radi, José Luis Repetto, Álvaro Rico, Fernando da Rosa, Óscar Sarlo, Elbio Scarone, Gustavo Seoane, Marcos Supervielle, Celia Tasende, María H. Torre, Martín Ubilla, Maren Ulriksen, Rodolfo Ungerfeld, Marcelo Viñar, Mario Wschebor, Nicolás Wschebor.