Lorenzo ya expuso acerca de la ley presupuestos ante el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista y el Frente Líber Seregni. Si bien la mayoría de los grupos respaldan en su totalidad la política económica del gobierno, la Vertiente Artiguista (VA) y el PCU han planteado algunas diferencias. Uno de los puntos de discordia tiene que ver con el objetivo del Ministerio de Economía de bajar dos puntos porcentuales el IVA, ya que desde otras tiendas entienden que deberían priorizarse otras medidas tributarias.
El secretario de Estado argumentó que el Ejecutivo tomará ese camino para cumplir con el programa del FA (ver la diaria 24/6/2010). Sin embargo, el texto aprobado en el Congreso de la coalición de izquierda no es preciso. Se limita a indicar: “La rebaja del IVA debe mantenerse como objetivo, que puede estar asociado también a las medidas de contención de la inflación cuando se considere necesario, así como la promoción de la equidad en el IRPF”. Y agrega: “El sistema tributario deberá seguir mejorando la equidad del IRPF, promoviendo que las rentas de capital en general no tengan menor tasa efectiva que las rentas del trabajo”.
La VA le hizo saber el miércoles al ministro que a su entender la medida no tendrá un impacto significativo y que es preferible subir el mínimo no imponible del IRPF para “dar una señal hacia los sectores medios”. El PCU comparte esta opinión. “¿No tendríamos que darnos otros instrumentos para que esa rebaja impositiva llegue a la población más pobre?”, preguntó el dirigente comunista Daniel Marsiglia.
El PCU consultará a Lorenzo sobre cómo se compone el espacio fiscal (o en otros términos, qué margen existe dentro del presupuesto para asignar mayores recursos sin comprometer la estabilidad económica) y qué peso tiene la deuda interna y externa del país. El sector pretende que el país “se anteponga a la crisis de la deuda” que están sufriendo los países europeos e instrumente mecanismos para que la deuda no pese tanto en el presupuesto, aunque todavía no han definido cuáles considera convenientes. “El programa dice que la deuda no puede determinar los objetivos sociales estratégicos que tenemos”, advirtió Marsiglia.
Otra propuesta del PCU es regular el precio de la carne, por ejemplo incluyéndola en la canasta básica. “El Estado regula el precio de la leche. ¿Por qué no la carne, si es un elemento nutricional básico para nuestros niños?”, se preguntó el dirigente.
Sobreexpuestos
Los comunistas insistirán en convocar una Convención Nacional Constituyente. Este punto sí está previsto en el programa del FA sin ambigüedades: se promete que se convocará a la Convención en el primer año de gobierno. Pero en este tema, al igual que en los cuestionamientos a la política económica, el PCU podría quedar aislado del resto de los sectores del FA.
El vicepresidente Danilo Astori había dicho a la diaria (ver 23/6/2010) que “por ahora no hay movimientos” para convocarla y que no está de acuerdo con “discutir ahora una reforma constitucional”. Marsiglia apuntó que “hay que ver cuál es el mejor momento y qué vamos a meter en la reforma”, pero que “si todos aplicamos el programa del FA, sería normal que fuera una iniciativa parlamentaria”. “Me preocupa que un Congreso de 2.500 personas resuelva algo y cualquiera de nosotros diga que no está de acuerdo. Yo no puedo decir: esto se aprobó pero no estoy de acuerdo”, sentenció.
“No vamos a opinar sobre todas las cosas que dice el Partido Comunista”, protestó por su parte el ex vicepresidente de la República y líder de Alianza Progresista, Rodolfo Nin Novoa, para quien “no hay motivos” para impulsar una constituyente. Consideró que la Convención está prevista constitucionalmente para hacer “grandes transformaciones estructurales” y hasta ahora no hay propuestas concretas por parte del PCU. “Hay que ver qué es lo que se quiere cambiar. No va a ser una constituyente para ver si le ponemos sueldo a los ediles”, expresó. “Lo que está en discusión es una posible reforma constitucional vinculada a lo electoral, y para eso alcanza con una ley constitucional”, acotó.
El Partido Socialista tiene una postura similar. “Creemos que es inviable en este momento. Es un procedimiento demasiado complejo y que lleva mucho tiempo. Una ley constitucional es más factible”, opinó la diputada María Elena Laurnaga. Consideró que “hay cosas que están dichas en el programa del FA y que no son necesariamente aplicables”, que el “FA tiene herramientas para adecuar lo que plantea el programa” y que lo importante son los objetivos y no las herramientas.
Incluso el Movimiento de Participación Popular (MPP), que fue aliado del PCU en varios temas en el último Congreso, ve con recelo la propuesta. El senador Ernesto Agazzi dijo que “hay una sobreexposición de estos temas” y que el MPP no moverá ninguna ficha en ese sentido. “Hoy no está planteado, estamos en otras cosas ahora. Si todo el mundo está tironeando de la frazada, va a salir mal esto”, cuestionó.