Desde la Asociación de ex Presos Políticos, Crysol, lo tomaron como un pronunciamiento “muy positivo” cuanto un “reclamo que siempre ha sido nuestra bandera”. El presidente de la organización señaló la importancia de reconocer el valor simbólico del edificio, donde funcionó el Servicio de Inteligencia durante la dictadura, en el que estuvieron detenidos los sobrevivientes de los denominados “vuelos de la muerte”, entre ellos los hermanos Julien Grisonas, y donde María Claudia García de Gelman dio a luz a Macarena.
El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se posicionó en una carta fechada el 1º de junio dando respuesta al planteo que le realizó una delegación del Movimiento de Independientes por Derechos Humanos, encabezada por el senador Óscar López Goldaracena (Lista 1001) y a quien está dirigida la epístola. “Este ministerio tiene la máxima voluntad y cree de justicia convertir el recinto que hoy ocupa el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en un Centro Cultural para que interactúen las asociaciones de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura militar”, afirma en el primer párrafo y precisa que se instrumentará y decidirá “oportunamente” qué asociaciones civiles administrarán el edificio. Rosadilla informa: “Para ello se están planificando cambios en distintas reparticiones del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a efectos de lograr trasladar las oficinas que actualmente funcionan en el inmueble”. No obstante, aclara que si bien le “entusiasma” y está trabajando en eso, “no es posible dar por el momento una respuesta definitiva”. “La voluntad de este ministerio por sí sola no es suficiente, siendo necesario obtener la conformidad del Poder Ejecutivo”, advierte.
“Estamos a la espera de la decisión que tome [el presidente José] Mujica”, resumió en diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Baldemar Taroco. Según recordó, durante el gobierno de Tabaré Vázquez el entonces ministro José Bayardi se había mostrado proclive a ceder el “emblemático” edificio para convertirlo en “centro de memoria histórica”, valora como una garantía el apoyo de Rosadilla.
Durante esta administración, una delegación de Crysol planteó el tema en una reunión mantenida el 8 de abril con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. “Nos recibió en representación de Mujica, por lo tanto la solicitud fue hecha formalmente”, indicó Taroco. En este contexto, recordó que el 26 de abril, durante el homenaje a Raúl Sendic que se realizó en el Cementerio de La Teja, tanto Mujica como Rosadilla se comprometieron a recibir a la asociación de ex presos políticos.
“Estamos a la espera de que se concreten para volver a plantearle el tema y presentarle el proyecto que estamos elaborando para convertir el Calen en el Centro de Memoria y los Derechos Humanos”, indicó Taroco. En ese sentido adelantó que la iniciativa no apunta a transformarlo en un museo sino en un “centro vivo” que dé lugar a la realización de “charlas educativas y debates”. También para que sirva de acopio de información y documentación vinculadas al lugar. Con respecto a qué asociación gestionaría el centro, Taroco enfatizó que deberán ser “todas aquellas” que nucleen a víctimas de la dictadura.
La ley 18.596 de reparación integral, en sus artículos 7 y 8, prevé que “el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo” y para que “en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos” cometidas en dictadura coloque “en su exterior, y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias”.
La comisión que le da cumplimiento a la norma y que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura aún no abordó estos puntos. Sin embargo, Taroco indicó que el argumento de su solicitud no está basado en el texto de ley y que, de hecho, es un “viejo reclamo histórico” que Crysol sostiene desde antes de que se aprobara. “No necesariamente debe abordarlo esa comisión. Tiene mucho más valor simbólico que el ministerio, como representante del Estado, lo entregue voluntariamente”, según consideró.