Se abre camino
El grupo de trabajo designado por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para definir qué hacer con la Ley de Caducidad sesionó nuevamente el martes. A la decisión unánime de acabar con los efectos de la norma tomada en la primera reunión hace más de un mes, se suma la de concentrar los esfuerzos en enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de que se concrete la primera y única audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García de Gelman. Esa instancia todavía no está fijada pero se sabe que el próximo período de sesiones es entre el 4 y el 9 de octubre en Ecuador y que podría tratarse el caso. Hace tres semanas, el canciller Luis Almagro expuso sobre el tema en el consejo de ministros, que definió que “es el momento de que trabaje el Parlamento”, recordaron en diálogo con la diaria fuentes de la comisión. “Vamos por buen camino a alcanzar rápidamente a un consenso”, indicaron. La comisión vuelve a reunirse en 15 días.
La abogada de la familia de Julio Castro, Rosario Fernández, pidió a fines de octubre de 2009 que se desarchivara el expediente en virtud de los nuevos elementos surgidos del trabajo realizado en la Comisión para la Paz en 2000 y de la información publicada en la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, editada por la Presidencia de la República (2007). La solicitud a la Justicia estuvo motivada por la derrota del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad.
La fiscalía actuante, a cargo de Mirtha Guianze, envió un oficio a Fernández Lecchini para el diligenciamiento de las nuevas pruebas, que permitieran elevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar adelante con la investigación porque la causa está amparada por la norma en cuestión.
La denuncia por la desaparición forzada de Castro fue presentada el 28 de junio de 1985 ante el Juzgado Letrado de 1ª instancia, pero el juez penal a cargo en aquel entonces, Jorge Ruibal, no pudo continuar con las actuaciones tras la sanción de la ley, en diciembre de 1986. El caso quedó amparado en forma implícita hasta el 5 de setiembre de 1989, cuando Presidencia informó a la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se encontraba contemplado. Sanguinetti encomendó a la Jefatura de Policía de Montevideo una “investigación urgente” para el “esclarecimiento de estos hechos”. Las conclusiones llegaron el 13 de noviembre de ese año, e insistían en que Castro había dejado el territorio uruguayo voluntariamente en el vuelo 159 de Pluna, con destino a Buenos Aires.
Esa versión ya había sido publicada por el diario El País el 4 de octubre de 1977, dos meses después del secuestro del maestro, en base al Comunicado Nº 36 de las fuerzas conjuntas. La información fue desmentida desde el otro lado del río por un oficio de Interpol fechado en noviembre de ese año. A su vez, la versión del periodista Ruben Cotelo (fallecido), quien viajó en ese vuelo, terminó de echar por tierra esa posibilidad. Según su testimonio, Castro no estaba en aquel avión.
En 2000 la Comisión para la Paz consideró “confirmada” la denuncia sobre la desaparición “porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes”. Además del de Cotelo resultan centrales los testimonios ya documentados del ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, quien confesó ser uno de los secuestradores, y del periodista brasileño Flavio Tabárez (fallecido), quien permaneció detenido en La Casona de Millán junto con Castro.
Para mañana el Movimiento de Educadores por la Paz convocó una conferencia de prensa en la Casa del Maestro para dar cuenta del avance de la investigación. Víctor Brindisi, integrante de la organización, adelantó a la diaria que tramitaron una entrevista con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, para pedirle la exclusión del caso a la luz de los nuevos elementos. “Por ahora, los comentarios son favorables”, señaló Brindisi. Si así lo entiende el Ejecutivo, se trataría del tercer caso apartado de la Ley de Caducidad en este gobierno después del de Roberto Gomensoro Josman y el de Mary Elena Gil Rodríguez. El 30 de julio se realizará un homenaje en el Museo Pedagógico a 33 años de su desaparición, instancia en la cual se darán a conocer fragmentos de textos inéditos del maestro.