El gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás, ya que entiende que con este proyecto los seguros privados que demuestren su viabilidad financiera podrán brindar los servicios adicionales de salud que no cubre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y es inflexible en cuanto a que los socios de estas entidades tendrán que aportar al fondo “como todos los trabajadores activos”. “Nosotros queremos ingresar al SNIS, pero queremos seguir administrando nuestras cajas, ésa es la diferencia que tenemos”, sintetizó Ruben Figueira, presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Cajas de Auxilio y Seguros de Enfermedad.
El debate ya está instalado en el Parlamento. El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) piensa que el proyecto del Poder Ejecutivo “liquidaría” las cajas, que no tendrían cómo financiarse porque se quedarían sin los aportes. “Así como está no lo llevamos y vamos a dar la pelea en la bancada para que no salga. No entiendo por qué cambiar algo que está funcionando bien”, se quejó. Pozzi opina que si bien el proyecto no toca las reservas de las cajas, éstas se agotarían muy rápido. “Es como dijo el contador Damiani: ‘Si saca y no pon, se acaba el montón’”, parafraseó. El floridense Álvaro Vega (Espacio 609) piensa que la movida del gobierno “es innecesaria” porque el SNIS no prevé la desaparición de las cajas sino la integración de sus aportantes. “Diré lo que pienso adentro y después votaré lo que determine la bancada del FA”, aclaró.
En este marco, la oposición también mueve sus piezas, curiosamente más cerca de la posición de las organizaciones involucradas y con atención a la disputa dentro del oficialismo. El diputado blanco Javier García (Alianza Nacional) culminó la semana pasada un proyecto que prorroga hasta el 1º de enero de 2014 la incorporación de las cajas de auxilio. García está convencido de que las entidades gestoras han cumplido un “rol de alta significación durante décadas”, a través de cometidos legales y estatutarios que garantizan su autonomía administrativa y financiera, y pide una extensión del plazo previsto de tres años para “buscar consensos” entre los colectivos involucrados.
Antes de García habían ingresado otro articulado los diputados Daniel Radío e Iván Posada (Partido Independiente), Daniel Bianchi (Partido Colorado) y Daniel López Villalba (Partido Nacional; presidente del Círculo Católico). “No inventamos nada, tomamos los planteos de las cajas y les dimos forma legislativa. La idea es que se incorporen al Fonasa a partir de criterios de capacidad contributiva de los afiliados”, detalló Radío. El representante por Canelones vaticina que la modificación planteada por el Ejecutivo, en caso de aplicarse, provocará la desaparición de las cajas. “Lo que dice el gobierno es: ‘Sigan existiendo, pero vean ustedes de dónde sacan la plata’, y eso es una liquidación indirecta”, se quejó Radío, que visualiza “ideas casi contrapuestas” dentro del FA.
En marzo, cuando asumió la nueva legislatura, el diputado nacionalista Jaime Trobo (Herrerismo) promovió la derogación del artículo que establece la incorporación al SNIS, un proyecto que está a estudio de la Comisión de Hacienda. “No sólo apuntamos a mantener el régimen como está, sino que planteamos una política de promoción de estos acuerdos obrero-patronales”, comentó Trobo. Cuestionó a los legisladores del FA por criticar el anteproyecto del Ejecutivo y recordó que la bancada oficialista votó la creación del Fonasa, que ya preveía la incorporación desde 2011.
Las cajas de auxilio fueron creadas por ley en 1974, pero antes ya había trece entidades que funcionaban por iniciativa sindical bajo esa modalidad. A partir de acuerdos entre trabajadores y empresarios, estas instituciones brindan servicios de seguridad social, como el pago del subsidio durante la licencia por enfermedad, asistencia odontológica y oftalmológica, entre otros.
Un tema central en este debate, según Figueira, es la licencia por enfermedad, ya que actualmente el BPS cubre 70% del sueldo a partir del cuarto día, pero existe un tope que ronda los 6.000 pesos nominales (el Ejecutivo analiza subirlo a ocho Bases Prestaciones Contributivas, unos 16.000 pesos). Figueira explica que las cajas, en cambio, cubren el 100% del salario durante el período de licencia médica, como sucede con los funcionarios públicos, y con estos cambios perderían ese derecho.
Viene feo
En el ámbito gremial el conflicto está latente. Uno de los coordinadores del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, coincide en que el borrador gubernamental es una “forma indirecta de liquidación” de las aproximadamente 50 cajas que funcionan en el país, que por este camino agotarían sus reservas financieras “en no más de seis meses” y desaparecerían. “Los sindicatos nos vamos a parar en una posición dura en defensa de los derechos adquiridos, que son producto de largas luchas. Que nadie tenga dudas de eso”, advirtió el representante del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), uno de los que se rigen bajo este sistema. El PIT-CNT, según Oyenart, alertó del conflicto inminente “hace ya cinco años” y ha mostrado “caminos intermedios” que no han sido recorridos por el oficialismo.
“Si el gobierno quiere dar el debate en términos de solidaridad, los trabajadores tenemos sobradas muestras de lo que somos”, continuó Oyenart, que teme una “oleada de juicios” contra el Estado por la pérdida de derechos adquiridos. La Mesa Representativa de la central recibió el 22 de abril un insumo para la elaboración de un proyecto de ley elaborado por el SIMA y los gremios del gas y de Conaprole, que establecía el aporte de la cápita establecida por ley (aunque el agente de retención serían las cajas), aportes extras de acuerdo a la masa salarial que maneje cada entidad y mantener intactas la prestación de servicios y el subsidio por enfermedad.
“Muchos legisladores del FA están de acuerdo con nosotros, porque acá nos ganamos un problema como sociedad. Hay que ver si después votan con sus convicciones o con la mano de yeso”, deslizó. El SMU manifestó el 23 de julio su “preocupación e indignación” por la “insensibilidad” del poder político al momento de dar respuesta al “irrenunciable derecho” de mantener abiertas las cajas. Por este tema los médicos se declararon en conflicto y asamblea permanente, y comenzaron ayer una campaña de recolección de firmas -aspiran a llegar a las 100.000-, bajo la consigna “No quiero que mi médico trabaje enfermo”. El SMU prevé medidas más drásticas a partir del 15 de agosto, y eso incluye decisiones como la atención de hasta cuatro pacientes por hora en todos los ámbitos de la salud y la realización del 50% de las operaciones quirúrgicas.