En el Frente Amplio (FA) entienden que ya existen los mecanismos legislativos para ejercer los controles propuestos por blancos y colorados, y esperan dar el debate cuando ingrese al Legislativo la futura Ley Nacional de Inteligencia, que el Ministerio de Defensa ya remitió a la Presidencia de la República.
El proyecto del PC, que adelanta la discusión, fue redactado por el diputado Jorge Amy (VU). El documento propone la creación de un ámbito bicameral integrado por un miembro de cada partido con representantes en las comisiones de Defensa y establece que ese espacio mantendrá reuniones mensuales con el coordinador de los servicios de Inteligencia, además de las convocatorias extraordinarias. Por las dudas, la iniciativa de Amy estipula que los parlamentarios que accedan a esta información reservada están obligados a mantenerla en “estricto secreto”.
La exposición de motivos alerta que la responsabilidad de Gregori se desarrolla “sin reglamentación ni asignación presupuestal específica”, y hace hincapié en la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Inteligencia “eficiente”, orientado por “el más alto nivel” de la conducción política y sometido a “controles imprescindibles”.
Reconocen que la Ley de Inteligencia podrá reglamentar la supervisión parlamentaria de la actividad, pero opinan que mientras se elabore esa norma la conformación de una comisión será “garantía de transparencia” para la ciudadanía y de cooperación entre los poderes del Estado. “La actividad de Inteligencia es esencial para cualquier país y muy sensible a la desviación de sus métodos y a su utilización con fines espurios”, advierten los representantes de VU.
Amy adelantó que pretende reingresar el proyecto a la cámara a través de la Comisión de Defensa, que él preside, lo que permitirá “agilitar su tratamiento”, según vaticinó. “Este funcionario [por Gregori] está en funciones sin tener un marco regulatorio y eso nos preocupa”, manifestó el representante por Soriano. Desde el oficialismo han cuestionado la oportunidad del proyecto de Amy porque los servicios de inteligencia siempre existieron, aunque nunca se plantearon propuestas parlamentarias para ejerecer desde allí tareas de contralor.
“Primero que el cargo de coordinador no existía y a eso apuntamos ahora, y en mi caso me toca ser legislador a partir de ahora. Esa pregunta correspondería hacérsela a los legisladores de anteriores períodos que quizás no se interesaron por el tema”, se defendió Amy. Aclaró que los temores “no apuntan a la persona de Gregori” sino a la ausencia de un marco regulatorio para su función y propuso sanciones para los legisladores que, en caso de que se apruebe el proyecto no tengan la “madurez suficiente” como para mantener la reserva que ameritan “temas tan delicados”.
¿Ahora me lo venís a decir?
Su colega blanco Javier García le trasladó una inquietud similar al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, en su visita a la comisión de esa temática en Diputados, el 6 de abril. “En otras democracias del mundo los cargos de los Servicios de Inteligencia están sujetos a control parlamentario, con una legislación particular que requiere términos de reserva porque muchas veces están vinculados a temas que hacen a la seguridad del Estado”, apuntó.
Rosadilla dijo “compartir” las inquietudes del diputado nacionalista y habló de la necesidad de un encuentro entre la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional para precisar cuál será el ámbito de acción del coordinador, las tareas que se le asignan, cuáles son los institutos que tendrá bajo su esfera y a quién se remitirán los resultados de ese trabajo. “Hay aspectos que para el Ministerio de Defensa es vital establecer con claridad antes de que la mencionada coordinación comience a hacerse efectiva”, afirmó el ministro en su primera visita a la comisión parlamentaria.
“Ésa fue una señal importante del ministro para trabajar en una misma línea”, comentó García a la diaria. La intervención parlamentaria, según dijo, garantizaría que todo el sistema político se mantenga informado de las acciones adoptadas por el coordinador y de esa manera evitaría “excesos o violaciones a los derechos humanos esenciales, como la libertad, por los riesgos que implica la intromisión en la vida privada”.
Por su parte, el coordinador de la bancada del Espacio 609, Daniel Montiel, prefiere esperar a que el Poder Ejecutivo remita el proyecto de Ley de Inteligencia en lugar de debatir a partir del articulado propuesto por VU. “A los efectos prácticos, lo que propone Amy no innova en nada, porque siempre existieron recursos parlamentarios para controlar las entidades que trabajan en Inteligencia, pero nunca se utilizaron”, precisó Montiel, en alusión a los llamados a sala a ministros (Interior y Defensa serían los casos más claros), las convocatorias especiales y hasta la realización de sesiones secretas.
Cuestionó el proyecto colorado por no hacer referencia al papel del Poder Judicial (“clave para cualquier tarea de Inteligencia”) y marcó que el cargo de coordinador implica una “línea de dependencia directa y subordinada” al presidente de la República. “Ellos cuando gobernaron no demostraron ningún interés en controlar las tareas de Inteligencia, ni siquiera cuando éstas implicaron el seguimiento de miles de uruguayos”, aludió el ex director de recursos acuáticos.