A Tabaré Vázquez le quedaban nueve días como presidente cuando dos tabacaleras con sede en Suiza, Philip Morris Products y FTR Holding, junto con su filial uruguaya Abal Hermanos, impugnaron tres decretos sobre comercialización de cigarrillos dictados el año pasado. El arbitraje estará a cargo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución satélite del Banco Mundial radicada en Washington y dedicada a resolver disputas entre estados y empresas. En su última jornada presidencial, Vázquez estimó que el recurso no tenía “destino legal ni lo tendrá en el futuro”.

Ya con Mujica al mando, los ministerios de Salud Pública y Relaciones Exteriores concluyeron que las presunciones del gobierno anterior estaban erradas. Para eludir el riesgo de un fallo adverso y costoso, recomendaron retocar los decretos cuestionados. El Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones vigente desde 1991 entre Uruguay y Suiza resguarda los derechos de propiedad industrial y las marcas de fábrica o comercio. En ese sentido, una de las normas objetadas prohíbe identificar variedades de una misma marca mediante colores o calificativos como “light”, “mild” o “suave”, los cuales sugerirían al fumador diversos grados de nocividad. Otra reduce el espacio disponible para imprimir las marcas, al reservar 80 por ciento de cada cajilla a las pesadillescas imágenes de advertencia.

Conflictos como éste, que suelen enfrentar a empresas poderosas con países en desarrollo, desnudan contradicciones flagrantes entre tratados comerciales y otros convenios en materia de salud. Unas cuantas compañías especializadas en biotecnología, por ejemplo, han logrado patentar el uso terapéutico de especies vegetales conocido desde hace milenios por comunidades indígenas. Además, gigantescas firmas farmacéuticas se resisten a autorizar la producción más barata de sus medicamentos por parte de países que los requieren con urgencia. En estos y otros casos, ubicarse del lado de los débiles es expresión de una mínima decencia, más que de izquierdismo o progresismo.

Existe una gran distancia entre defender esos principios y asignarle al gobierno, por su propuesta de atenuar los decretos de 2009, una supuesta “debilidad” ante la “presión chantajista de una multinacional”. Un estereotipo tan grueso podría figurar en alguna pancarta gualeguaychuense. Pero Vázquez usó el cliché para atacar al oficialismo que él mismo integra, y en su aparición pública más rutilante en los cinco meses que va durando su período sabático. Que haya sacudido al Frente Amplio y cosechado adhesiones entusiastas dentro de la coalición, justo en momentos en los que no carga con responsabilidades políticas ni cuenta con un grupo instituido que lo apuntale, sirve como recordatorio y confirmación de su liderazgo personal y como coto al de Mujica. ¿Acaso sirve para algo más?

Las medidas anunciadas por el ministro Daniel Olesker, abortadas por la rabieta de Vázquez, no habrían cambiado la política antitabaco establecida por el ex presidente, inaugurada por decreto en 2005 y consolidada por la Ley 18.246 en 2008. Habrían cambiado los decretos. La política, no.

Olesker y el canciller, Luis Almagro, admitieron que la iniciativa representaba un paso atrás, aunque para tomar impulso con miras a restaurar las mismas disposiciones a través de una ley, de modo que primaran sobre el tratado suizo-uruguayo o al menos empataran con él. Es que la administración de Vázquez, luego de sancionar la Ley 18.246, continuó combatiendo el tabaco por decreto, a veces con el mero propósito de fastidiar a los fumadores, incluso en circunstancias en las que su hábito no afecta a terceros. Algunas cláusulas excedían lo aprobado por el Parlamento, y Philip Morris se aprovechó de eso para solicitar el arbitraje.

El gobierno de Mujica, lejos de desautorizar al anterior, intentaba torcer un poco el timón para esquivar el iceberg hacia el cual se dirigía desde el año pasado. Al principio actuó con discreción y hasta con cariño. No cargó las tintas sobre la imprudencia de su antecesor, cuyo embate terminó obligando a Olesker a atribuirle al equipo de Vázquez el “error jurídico” de recurrir al decreto para ampliar los “pictogramas” y prohibir el uso de varios colores por marca. Pero el ex presidente, fiel a su estilo de no negociar con puentes cortados, reforzó la horca que su propio gobierno había anudado. Exigió no “dar ni un paso atrás, porque esto es una cuestión de principios” y recomendó “ir y dar ese pleito”, como si se tratara de una serie televisiva sobre abogados, jueces y fiscales. Y como si no pesaran ya sobre el Estado centenares de demandas por cientos de millones de dólares.

Vázquez, aclamado en todo el planeta por su celo antitabáquico, podrá ser el supremo creador de la política uruguaya en la materia. Pero hoy es Mujica, y no él, quien conduce el gobierno. La ciudadanía lo eligió para gobernar, no para acatar órdenes y mantener calentito el sillón hasta el 10 de marzo de 2015.