El caso
En marzo de 2010 Philip Morris International entabló una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial con sede en Washington. La tabacalera, que tiene su base de operaciones en Suiza, se ampara en el tratado de protección de inversiones Uruguay-Suiza vigente desde 1991, entiende que la disposición del gobierno de Vázquez de prohibir la venta de distintos tipos de presentaciones de cigarrillos para una misma marca y la decisión de aumentar a 80% el tamaño que deben tener las advertencias de Salud Pública vulneran las disposiciones del acuerdo en materia de derechos de propiedad intelectual y constituyen una expropiación sin compensación de una inversión de la empresa. Philip Morris pretende no sólo una compensación económica, sino también que cese o se modifique la normativa uruguaya, con lo cual, de ganar el juicio, tendría incidencia directa sobre las políticas gubernamentales en la materia.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, inició ayer la reunión de la Mesa Política con un informe sobre las conversaciones que mantuvo con Vázquez y con Mujica, respectivamente. El primero le expresó su preocupación sobre la eventual modificación de algunas normas antitabaco, inquietud que ya había hecho pública el fin de semana en una entrevista concedida a Televisión Nacional del Uruguay.
Allí, Vázquez calificó la decisión del gobierno como “una muestra de debilidad en la lucha contra esta pandemia mundial como es el tabaquismo” y expresó su “total, absoluto y categórico” rechazo. “Lo digo con profundo dolor en el corazón, porque yo pertenezco a este gobierno, lo defiendo a muerte, apoyo totalmente las actividades, los pensamientos y las acciones que lleva adelante nuestro compañero y querido presidente, José Mujica, pero en esto no lo puedo acompañar”, manifestó. “Es lamentable que tomemos una decisión de este tipo por una presión chantajista de una multinacional como Philip Morris, que busca doblar la voluntad del gobierno uruguayo para luego sacar réditos y mostrarlo como un triunfo para que otros países no inicien esta lucha contra el tabaquismo”, agregó. Por otra parte, afirmó que desde el punto de vista económico “vale más la pena” ir a juicio con Philip Morris que pagar las consecuencias del consumo de tabaco.
Sin fuerza de ley
Mujica le transmitió a Brovetto conceptos similares a los que expresaron el canciller, Luis Almagro, y el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, luego de la reunión del gabinete social, en la que se conversó del tema. Uruguay se encuentra en una posición vulnerable en el juicio porque la normativa que prohíbe las presentaciones diversas de una misma marca es una ordenanza del Ministerio de Salud Pública y no tiene rango de ley. Almagro explicó que se buscará darle a la normativa tal estatus para que pierda “sustento jurídico” la demanda. “Determinadas normas debían haber tenido una jerarquía superior. En aquellos puntos es que consideramos que debe establecerse una nueva ley para fortalecer algunas de estas mismas medidas”, manifestó el canciller y anticipó que el gobierno trabaja sobre esa iniciativa.
No obstante, fuentes del Ejecutivo aclararon a la diaria que ésta no es una postura unánime en el gabinete. Otros consideran directamente que deberían modificarse algunas disposiciones, por ejemplo que las advertencias de Salud Pública pasen a ocupar 65% de las cajillas de cigarrillos en vez del 80% actual, así como habilitar presentaciones diversas para las marcas (como Marlboro Golden o Marlboro Green en el caso de Philip Morris). “Creemos que las diferentes marcas deben ir acompañadas de una advertencia señalando que eso no afecta de forma diferenciada las consecuencias que ocasiona el hábito de fumar”, explicó Olesker.
En conferencia de prensa, ambos ministros aseguraron que se mantendrán los pilares de la lucha antitabaco establecidos por la administración anterior, ya que se trata de “uno de los bienes más preciados en política exterior”. Se mantendrá la prohibición de fumar en ambientes públicos cerrados; las advertencias gráficas en las cajillas; la prohibición absoluta de publicidad; la atención en policlínicas de la dependencia al tabaco; el aumento progresivo del precio del producto a través del incremento de los impuestos y la prohibición de terminología, signos, simbología o promociones que generen publicidad engañosa. Esto incluye el término light, para el cual seguiría vigente la prohibición. Almagro comentó que durante la sesión del gabinete “no se analizaron los dichos de Vázquez”, y Olesker apuntó que no sabe a qué responde su enojo porque “no lo ha explicado”. Los ministros aclararon, no obstante, que el tema no está cerrado y permanece a estudio de Mujica, y esto mismo le expresó el presidente de la República a Brovetto, aclarando además que se hará cargo del tema “personalmente”.
¿Por qué, Tabaré?
En la reunión del gabinete social hubo en general sorpresa por la actitud de Vázquez. Mujica dijo que no entiende por qué el ex presidente no le comentó esto personalmente el miércoles pasado, cuando se vieron en una ceremonia de la Academia Nacional de Economía y señaló que el tema es mucho más complejo que la defensa de la lucha antitabaco, ya que hay temas económicos de por medio.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, advirtió que Philip Morris está utilizando “precios depredadores” (mucho más bajos que el promedio del mercado) para perjudicar a la competencia, como una forma de represalia. Lorenzo informó además que la demanda de la multinacional es por centenas de millones de dólares. El ministro de Turismo, Héctor Lescano, informó que Vázquez se comunicó con él para transmitirle su preocupación por el tema. Pero en la reunión hubo consenso en que el gobierno estaba procediendo razonablemente dada la demanda y que algunos elementos fueron “mal leídos”, informaron fuentes que participaron en esa instancia.
En tanto, en la Mesa Política el MPP cuestionó el “método” utilizado por Vázquez. “Tabaré podría haber llamado perfectamente a Pepe primero y no haber generado el hecho político que generó”, dijo a la diaria Heber Bousses, delegado del sector. El resto de los integrantes de la mesa no hicieron mayores comentarios, más allá de respaldar la lucha antitabaco, y el FA resolvió no sacar ninguna declaración pública. El Partido Socialista también estuvo reunido por este tema, con la presencia de Olesker (que integra esa agrupación), y resolvió mantener una actitud “vigilante” en defensa de la lucha antitabaco. La médica y senadora Mónica Xavier calificó de “paso atrás” la decisión del gobierno.