Las controversias sobre la clausura de actuaciones judiciales contra los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso exigen una lectura atenta. Tratemos de distinguir lo claro de lo oscuro.
La liberación de los Peirano se produjo en 2007 porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, con razón, que el tiempo que llevaban presos sin condena era excesivo en relación con la pena que les podía corresponder. La clausura de actuaciones contra ellos fue dispuesta por un tribunal de apelaciones este año y fundamentada en una ley aprobada en 2008, cuando hacía tiempo que los hermanos habían sido liberados.
La decisión de ese tribunal de apelaciones puede ser modificada si se apela contra ella ante la Suprema Corte de Justicia.
La mencionada ley de 2008 derogó un artículo de otra ley, de 1893, en el cual se establecía la pena correspondiente a “los directores y administradores de sociedad anónima que comet[ier]an fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público”.
Los hermanos fueron procesados en 2002 por ése y otros delitos, pero un tribunal de apelaciones resolvió en 2003 que sólo quedara en pie el procesamiento por la norma de 1893. Luego la fiscalía pidió que se les imputara el delito de “insolvencia societaria fraudulenta”. Los abogados de los hermanos alegaron que, derogado el único delito por el cual estaban procesados, había que clausurar las actuaciones. El juzgado actuante en primera instancia y la fiscalía rechazaron esa tesis (con el argumento de que ya estaba planteado imputarles otro delito), pero el tribunal de apelaciones la aceptó este año.
La derogación de la norma de 1893 fue iniciativa del senador blanco Sergio Abreu. Abreu dijo a representantes de los demás partidos en 2008, y la semana pasada a Brecha, que la había impulsado por recomendación de Gonzalo Fernández. En Brecha opinó, además, que esa recomendación tuvo la intención oculta de beneficiar a los Peirano. Ayer, en cambio, dejó en una nebulosa si Fernández le propuso expresamente derogar el artículo de 1893, y no insistió en atribuirle motivos.
No surge de los relatos que ningún legislador de ningún partido haya considerado insuficiente, en 2008, el argumento de que esa derogación debía aprobarse sólo porque Abreu decía que Fernández la había sugerido. Sólo el diputado blanco Álvaro Lorenzo dijo haberse tomado el trabajo de hablar por teléfono con Fernández, para preguntarle si la derogación tendría efectos en el caso de los Peirano. No se sabe que otro legislador haya solicitado otra opinión.
Fernández le dijo a Lorenzo que el proyecto no cambiaría nada para los Peirano, y ha explicado que esa opinión se basa en que comparte los argumentos del juzgado actuante en primera instancia y de la fiscalía. Pero no le dijo a Lorenzo que hubiera otras opiniones, aunque obviamente debía conocerlas. Tampoco creyó necesario llamar a algún legislador del Frente Amplio, contarle cuál era la inquietud de Lorenzo y transmitirle directamente su opinión.
Para clausurar las actuaciones contra los Peirano se invoca el artículo 15 del Código Penal, donde dice que “cuando se suprimen [...] delitos existentes”, eso determina “la cesación del procedimiento”. El abogado Alberto Pérez Pérez aportó desde Facebook un comentario relevante: dice que los procesos deben cesar cuando la conducta por la cual se habían iniciado deja de ser considerada delito, pero que los hechos imputados a los Peirano Basso no han dejado de ser delictivos, sino que están tipificados de otro modo en normas vigentes.
Muchos interpretan los hechos de acuerdo con su opinión previa sobre Fernández o sobre Abreu. No hay duda de que el primero paga hoy el precio de haber mantenido, mientras desempeñaba altos cargos en el gobierno anterior, vinculaciones como abogado con actores privados, incluyendo a los Peirano y a otras personas e instituciones enfrentadas con el Estado.
No hay que ser muy malpensado para ver que el desprestigio de Fernández, hombre de confianza de Tabaré Vázquez, es provechoso para quienes, desde el propio Frente Amplio o desde otros partidos, desean debilitar la chance de Vázquez para 2014. Pero es notorio que este episodio no daña sólo al vazquismo, sino también a todo el Frente Amplio, al sistema de partidos y a los poderes Legislativo y Judicial. Ninguna ventajita vale tanto.