En primera persona

Fue ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de Buenos Aires que siguió el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en 1976 en Argentina, y donde fueron detenidos sus padres. Ayer Macarena Gelman declaró por el secuestro y la desaparición de su padre, Marcelo Gelman, cuyos restos fueron encontrados sin identificación en un cementerio de Buenos Aires en 1989. “Fue una buena experiencia. Me sentí muy cómoda”, dijo Macarena en diálogo con la diaria, en referencia a la presencia durante su relato de los cinco imputados. “En Argentina se hace justicia por lo que pasó en la dictadura”, afirmó. En ese sentido, destacó que independientemente de una eventual condena a los represores, la instancia oral del juicio “tiene un importante significado” como “rendición de cuentas” de los hechos sucedidos durante la dictadura a la ciudadanía “de una manera pública, accesible y con todas las garantías”. Por la desaparición forzada de su madre, María Claudia García de Gelman, declarará en la causa Plan Cóndor, pero el juicio aún no tiene fecha de inicio. “El 14 de enero de 1977 fui dejada en una canasta en la puerta de una familia que pensé que eran mis padres hasta que me enteré de que era hija de desaparecidos”, dijo ante el Tribunal, según consignó la agencia de noticias EFE. “Cuando yo nací -el 1º de noviembre de 1976, en Montevideo- permanecí un mes y medio con ella hasta el 22 de diciembre, cuando ella fue vista por última vez, según el relato de un soldado uruguayo”, relató Macarena, hoy de 33 años y cuya identidad fue restituida en el año 2000. Por este hecho brindará testimonio en la causa Plan Sistémico, de robo de bebés, cuyo juicio comenzará el 20 de setiembre. En tanto, de este lado del río espera la fecha de audiencia para comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la demanda abierta por Macarena y su abuelo, Juan Gelman, por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad por el entonces presidente Tabaré Vázquez, en 2005, pero en diciembre de ese mismo año el Tribunal de Apelaciones decretó el archivo.

El articulado del proyecto será un “texto interpretativo de la Constitución que termina con la vigencia de la Ley de Caducidad”, según informó a la diaria el diputado Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo). En tanto, Daoiz Uriarte (Vertiente Artiguista) añadió que se apuntará al inciso 20 del artículo 85, que le da competencias a la Asamblea General para “interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia”.

“Los jueces deberán aplicar las normas internacionales en forma directa cuando se opongan directamente a normas internas. Sobre esa base se establece que toda acción judicial que haya sido suspendida por una decisión del Poder Ejecutivo podrá ser continuada por los jueces sin tomar en cuenta la decisión administrativa”, explicó Uriarte. Según dijo, en ese punto se deja en evidencia “una de las cosas más groseras” de la Ley de Caducidad, a saber, la violación de la independencia de poderes. Por ese camino, entonces, “se quitan, se eliminan todos los efectos”.

Por otra parte, se definió que la exposición de motivos estará basada en “la línea argumental” del fallo de inconstitucionalidad de la ley emitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el caso de Nibia Sabalsagaray una semana antes del plebiscito del 25 de octubre por el sí a la anulación. “Los argumentos de la sentencia serán la columna vertebral del corolario interpretativo para eliminar posibilidades de cuestionamientos”, graficó Coitiño.

En otras palabras, utilizando los argumentos de la SCJ, se busca evitar que prospere una eventual acción de inconstitucionalidad contra la futura norma, que dejará sin vigencia la caducidad. En ese caso, anticipó Uriarte, la SCJ no podrá contradecir los argumentos de su propia sentencia. El vertientista en la comisión remarcó que la fórmula se alcanzó con el visto bueno de “todos los sectores” del FA y también de delegados de base. “Se dio un salto cualitativo en el tratamiento del tema”, celebró Coitiño.

Síntesis

La semana pasada la cancillería anunció el envío de un proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. En la comisión no se abordó este tema, según Coitiño porque “no se conocen contenidos” y porque el ámbito de coordinación es la Mesa Política. Está previsto que el martes los integrantes de la comisión den el visto bueno al texto e inmediatamente se eleve el articulado a la Mesa Política “para que traslade a los distintos ámbitos la propuesta y coordine con el Legislativo y el Ejecutivo”.

El punto fue planteado ayer al presidente del FA, Jorge Brovetto, por una delegación del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. En ese sentido, el dirigente Washington Beltrán saludó los “importantes avances”.

“La fuerza política se ha tomado su tiempo. Pero no se puede ser más realista que el rey. Ya hay pronunciamientos en contra de la ley de los tres poderes, de un enorme porcentaje del pueblo, de los organismos internacionales, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el movimiento sindical, que desde la década del 80 es actor de primera línea en esta lucha, vemos con buenos ojos que los actores políticos hayan acordado una iniciativa para estar bien posicionados”, evaluó Beltrán.

Brovetto, por su parte, indicó que el proyecto que la comisión está elaborando “es el único proyecto del FA” y que “el Ejecutivo está en conocimiento” y descartó que se hubiera generado “ningún cortocircuito” tras el anuncio de cancillería y que “seguramente” el que esa cartera envíe al Parlamento sea el que se concluya el martes de noche. “La fuerza política no actúa por separado del gobierno”, precisó.