La divulgación de un informe del Banco de Previsión Social (BPS) sobre la situación financiera de las cajas de auxilio desató la polémica entre los actores interesados, que temen una “escalada” del gobierno para justificar la incorporación de los seguros convencionales de enfermedad al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a partir del 1º de enero de 2011. Desde el organismo, cuyo directorio analizará hoy el tema, niegan que exista “intencionalidad” de perjudicar al régimen de los seguros privados y marcan que el documento, que publicó la semana pasada Últimas Noticias, también incluye información sobre entidades que demuestran su viabilidad financiera y que estarán habilitadas a continuar con los servicios adicionales que no cubre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El diputado herrerista Jaime Trobo cursó un pedido de informes al BPS y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que alerta por una supuesta “campaña de desprestigio” contra el sistema, que pone en tela de juicio “su viabilidad y eficacia”. El legislador blanco pregunta si el BPS realiza habitualmente auditorías de balances y proyección de sustentabilidad financiera de estas entidades y, en caso de que así sea, reclama detalles de sus resultados y de eventuales trámites de intervención o liquidación desde 2005 hasta ahora.

Luego interroga si el BPS dispuso la elaboración del informe publicado por Últimas Noticias y si esos resultados fueron entregados a las cajas. “¿Qué objeto persigue la publicación de la información?”, cuestiona Trobo, que ya parece tener una opinión formada. “El Poder Ejecutivo ha iniciado una escalada contra las cajas, con el objetivo de justificar su desaparición, poniendo ahora en duda su viabilidad financiera, y ahora el BPS se sumó a la caza de brujas”, manifestó Trobo, que en marzo promovió la derogación del artículo que establece la incorporación al SNIS, en un proyecto que está a estudio de la Comisión de Hacienda de Diputados.

El trabajo del BPS, que estuvo a cargo de su gerencia de auditoría interna, concluye, a partir de un estudio detallado de los balances contables, que 16 de las 47 cajas de auxilio tienen números en rojo y que 15 ya no son viables. Desde la Mesa Coordinadora de las Cajas de Auxilio sostienen que esos datos no están actualizados y que sus conclusiones no son válidas. “Además, estamos preocupados porque con la divulgación de esos datos se está violando el secreto tributario y pedimos que se determinen las responsabilidades mediante una investigación”, dijo el presidente de la Mesa, Ruben Figueira, que ya transmitió esta inquietud a las autoridades previsionales.

Elvira Domínguez, directora de la institución en representación del sector empresarial, niega que existan “intencionalidades” del gobierno para afectar a los seguros privados. “Es cierto que el informe presenta datos negativos sobre la situación de algunas cajas, pero también dice que muchas de ellas están bien desde el punto de vista financiero y que van a poder seguir trabajando. Ésa es otra lectura posible”, comentó Domínguez, que continuará con la discusión hoy al mediodía cuando el directorio del BPS entre en sesión.