El jueves, Montevideo Portal tituló una nota “MPP se opondrá a anulación de la Ley de Caducidad”. La información fue recogida al día siguiente, bajo un titular similar, por los diarios El País y La República. La nota del portal utilizaba como fuente al dirigente emepepista Heber Bousses, pero en su desarrollo se aclaraba que, si bien conceptualmente el sector no estaba afín con alterar por vía legislativa un pronunciamiento popular, acataría las resoluciones orgánicas.
Esto mismo fue reafirmado por Bousses a la diaria. “Es mentira que nos vayamos a oponer a la anulación de la ley. Vamos a votar lo que resuelva el FA, y está claro que ya se tomó una decisión. Acá nosotros no votamos solos ni nos vamos a cortar solos”, puntualizó. La comisión conformada por la coalición de izquierda acordó la semana pasada que la solución para recuperar la pretensión punitiva del Estado y evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el marco de la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman- pasa por aprobar un texto interpretativo de la Constitución que termine con la vigencia de la Ley de Caducidad (ver nota adjunta).
Lo que el MPP sí quiere discutir es qué posiciones se adoptan ante los pronunciamientos populares, porque “no podemos estar de acuerdo con la participación popular si nos conviene y hacernos los tontos si no nos conviene”, dijo a la diaria el senador emepepista Ernesto Agazzi. No obstante, destacó que en este caso concreto “la comisión llegó a una interpretación que no anula la ley sino que le da la independencia que tiene que tener al Poder Judicial”.
En la última edición del mensuario Participando, del MPP, el dirigente Julio Marenales también hizo referencia a esta discusión. “Entendemos que bajo ningún concepto puede aceptarse que un organismo de soberanía delegada, como lo es el Parlamento, pueda modificar una expresión de democracia directa como es el plebiscito”, escribió. Pero a continuación hizo la misma aclaración: “Sin embargo, como en todos los temas que hacen a la discusión y decisión en el seno del FA, también nos parece significativo remarcar que acataremos y respetaremos lo que éste resuelva”.
Coordinemos
Este martes, la comisión designada por el FA para estudiar la anulación de la Ley de Caducidad aprobará la solución a la que se llegó la semana pasada. Sin embargo, en la cancillería trabajan en una propuesta diferente. Según confirmaron a la diaria fuentes de la cartera, se está elaborando un proyecto para anular del primero al cuarto artículo de la ley, que son básicamente los que definen qué delitos no se pueden investigar y la obligación de consulta por parte del Poder Judicial al Ejecutivo para que éste habilite las investigaciones.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró a este medio que el gobierno y la fuerza política coinciden “en que hay que tomar una resolución respecto al tema”. Informó que se contactó con el vicecanciller, Roberto Conde, la semana pasada para comunicarle los avances logrados por la comisión, y apuntó que esta semana se pondrá en contacto con el canciller, Luis Almagro, que es el que maneja el tema, para elaborar una propuesta común. “El objetivo es el mismo, desembarazarse de este engendro”, sentenció, aunque aclaró que aún resta evaluar si la salida que maneja la cancillería “es complementaria” con la que propone el FA. Brovetto resaltó que la solución que encontró la fuerza política tiene “el consenso de todos los sectores”, pero dijo que la idea es que sea la cancillería la que envíe el proyecto al Parlamento, por lo cual se coordinarán acciones. Para Osvaldo Ronqui, representante del Espacio 609 en la comisión, si bien “todavía no se ha podido trabajar con Almagro”, el proyecto de la fuerza política “va a conformar a todos”.