Compromisos
Javier Palummo, abogado especializado en infancia, sistema penal y seguridad ciudadana, dijo a la diaria que es “paradójico” que el ministro “haga tantas referencias al pacto de San José de Costa Rica cuando se refiere a la liberación de presos y al mismo tiempo emita una opinión favorable al uso de antecedentes de menores”. Advirtió que una medida de este tipo entraría en contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada pacto de San José de Costa Rica), la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas y las Reglas de Beijing de Naciones Unidas. La normativa internacional dispone que les corresponde a los menores de 18 años “medidas especiales de protección” para proteger sus derechos, y que “cualquier programa o servicio dirigido a reintegrar a los niños en conflicto con la ley debe esforzarse por combatir la discriminación contra éstos por haber sido infractores”, remarcó Palummo.
La semana pasada, Bonomi intercambió opiniones con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Les consultó sobre varias medidas a implementar en materia de seguridad pública, entre ellas, la posibilidad de conservar los antecedentes penales de los menores de edad, que hoy no son considerados. Una vez que la persona cumple la mayoría de edad, si vuelve a delinquir se la trata como delincuente primario.
El presidente de la SCJ dijo a la diaria que el ministro se comprometió a entregarles el articulado de un proyecto de ley en la materia y que hasta que no tenga un texto concreto el organismo no opinará sobre el tema. Manifestó que “en principio” le parece que “es posible” recuperar los datos de los delitos cometidos cuando eran menores por quienes hoy son mayores, pero advirtió que hay que estudiar “el alcance de la medida” para que ésta no entre en contradicción con tratados internacionales firmados por Uruguay.
Bonomi se reunió ayer con los diputados nacionalistas de Aire Fresco, el sector que encabeza Luis Lacalle Pou (Unidad Nacional), autor de un proyecto de ley que tiene como objetivo mantener los antecedentes de los menores a partir de la modificación del artículo 222 del Código del Niño, que establece que al cumplir los 18 años se destruyen los antecedentes. “Nos llevamos una grata sorpresa con el ministro, creo que indica un cambio en la visión que tenía el FA”, destacó Lacalle Pou, y recordó que la coalición de izquierda votó en contra de este proyecto en el período pasado y le realizó “duras críticas”.
Bonomi expresó ayer, en entrevista con radio El Espectador, que deben analizarse algunas excepciones a la normativa que dispone la destrucción del prontuario. “Capaz que hay que manejar excepciones, capaz que no es mantener todos los antecedentes, que sólo determinadas cosas se tienen en cuenta”, manifestó. Y justificó: “En este momento tenemos varios menores que están requeridos por delitos muy graves. Supongamos que el 25 de agosto cumplen 18 años y caen presos el 28 de agosto porque robaron una campera, un vaquero de marca; entonces no tienen antecedentes, de seis meses a un año. Pero nosotros sabemos quiénes son”.
En el mismo sentido se pronunció la diputada emepepista Pereyra. “Lo cierto es que hay menores y menores. Hay menores que a partir del consumo de drogas cometen algún delito menor y hay otros que son menores pero tienen una vida en la infracción jorobada, que no se puede emparejar. Hay gente que se aprovecha de los gurises para delinquir. Hay que hacer un análisis profundo”, propuso. Respecto a la postura histórica del FA de oponerse a este tipo de medidas, reflexionó que “el análisis ideológico que uno hacía muchas veces entra en contradicción con la realidad”.
“Creo que se terminó aquello de las cosas preestablecidas, hay que analizar de acuerdo a la coyuntura y a lo que estamos viviendo. Hay menores que han cometido faltas y asesinatos peores que los mayores, y después, ¿les borrás los antecedentes y pasan a ser personas distintas?”, preguntó.
Alto ahí
Pero la visión del ministro no es compartida por la mayoría de los sectores del FA. “Nosotros no estamos de acuerdo con mantener los antecedentes, porque el sentido que eso tiene es cualificar al joven cuando es mayor de edad con base en los hechos que sucedieron cuando era menor de edad. Para nosotros ha sido una pelea importante la de no condicionar el futuro de la persona por hechos que hayan sucedido en su infancia y adolescencia”, indicó la diputada socialista María Elena Laurnaga.
Daniela Paysée, diputada de Asamblea Uruguay, afirmó que su opinión personal “va en la línea de lo que dice la convención de los derechos del niño” y de lo que ha sido “la postura histórica” del FA, aunque se mostró dispuesta a “escuchar el alcance de los planteos”. El senador nuevoespacista Rafael Michelini advirtió que “en el caso de los menores, hay que ser muy cuidadosos”. “En un principio, somos reacios. Evaluaremos si viene alguna iniciativa, pero en principio somos muy cuidadosos en agregar disposiciones mientras que el Estado no agote el esfuerzo para atender a los menores que delinquen”, señaló.
En tanto, el senador comunista Eduardo Lorier expresó sus “fuertes dudas al respecto”, aunque aclaró que no es un tema que tenga “totalmente definido personalmente”. “A nadie escapa la complejidad de la temática juvenil, pero tampoco a nadie escapan algunos peligros que tiene este avance en elementos que tienen que ver con aspectos represivos”, advirtió. Y llamó a tener en cuenta la experiencia acumulada en materia internacional.
En cambio, el senador Rodolfo Nin Novoa, líder de Alianza Progresista, coincidió con Bonomi. “Me parece que está bien, por lo menos para los delitos graves, porque es una manera de desalentar. No puede ser que todo empiece de cero después”, opinó.