Los hermanos decidieron acudir a la Justicia a raíz de una investigación que inició la sobrina de Omar, Leticia Cubas para un documental. “Haciendo el proyecto se encuentra con una filmación de la dictadura en la que se veía, en un muro, una pintada con la silueta de Omar y una inscripción de ‘desaparecido’”, explicó Mirtha a la diaria tras su comparecencia, y mientras aguardaba en la sala de espera del juzgado de Misiones y 25 de Mayo que sus hermanos y testigos hicieran lo propio. Ella fue la primera.
“A partir de entonces, esa idea que estuvo flotando durante mucho tiempo se refuerza. La idea de retomar la búsqueda. Lo había buscado fundamentalmente mi madre, que murió en 1991. Pero esa silueta, no sé cómo le impresionó a cada uno, pero para mí, cuando Leticia me dijo: ‘tía, tengo algo para mostrarte’, y lo vi, fue como volver a traer a la persona, la representación. Eso nos dio fuerzas para iniciar este largo camino”, relató, al tiempo que su sobrina daba su testimonio ante las magistradas.
El material audiovisual en el que Leticia trabaja contiene la versión de una vecina -“que ya está muy anciana”- que vio cómo fue el despliegue del operativo de detención de Omar. Este testimonio resulta clave para el proceso judicial y seguramente el registro será tomado como prueba por la fiscalía. También declararon ayer Mireya y Luis Cubas, este último, padre de Leticia. Al cierre de esta edición todavía no lo habían hecho los testigos Francisco Souza, Graciela Marichal y Deny Martínez.
Los hechos
En febrero de 1975 las Fuerzas Conjuntas apresaron a la madre de los hermanos, Élida Simones, quien vivía al fondo de una tintorería, la empresa familiar, que hizo las veces de “punto de encuentro” entre militantes del Partido Comunista, en el cual militaban los cuatro hermanos denunciantes. El mismo día también capturaron en sus respectivos domicilios a Mirtha y a Omar. Todos fueron encapuchados, trasladados al Departamento II de la Jefatura de Policía e interrogados por separado.
“Se nos dijo que estábamos detenidos bajo medidas prontas de seguridad, se nos fichó como comunistas y se nos amenazó de que no siguiéramos realizando actividad política porque nos iba a ir peor. Ese mismo día nos pusieron en libertad”, recordó Mirtha. Desde entonces, los hermanos dejaron de tener contacto entre ellos; algunos pasaron a la clandestinidad y otros se exiliaron. “Transitando el otoño de 1975, las únicas personas de la familia que hacían ‘vida normal’ eran nuestra madre, Miryan y Omar, puesto que pensábamos -erróneamente- que no corrían riesgos”, porque no tenían militancia, tal como consta en la denuncia a la que accedió la diaria.
Omar permaneció detenido por las Fuerzas Conjuntas y está desaparecido desde fines de abril de ese año, según la información recabada en aquel entonces por su madre en base al aporte de vecinos. “Nuestra madre buscó a Omar por comisarías, cuarteles, hospitales y hasta en la morgue. En ningún lugar le dieron información. A partir de entonces comenzó a presentar denuncias”, señalan en el escrito.
En enero de 1976 Mirtha estuvo detenida en el Batallón 13. “Me preguntaron sobre mis otros hermanos, pero nunca por Omar. Cuando pregunto qué le hicieron, en la parte del interrogario, de la tortura, me dicen que él seguramente se fue del país”, recordó a la diaria. Mirtha -quien estuvo recluida en la cárcel de Punta de Rieles hasta fines de 1982- identificó como sus torturadores al coronel Ernesto Ramas y al teniente José Luis Parisi, a quienes el abogado querellante, Óscar López Goldaracena, solicitó que los citen como testigos o, llegado el caso, como indagados. Y extiende el pedido para el dictador Juan María Bordaberry.
Los familiares reclaman que se indague sobre lo sucedido, se identifique a “los responsables en todos los niveles” y se juzgue como crimen de lesa humanidad. “No resulta aplicable en la especie ninguna normativa legal o administrativa que obstaculice o impida la investigación, persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, advierte el abogado en la demanda, en alusión a la vigencia de la Ley de Caducidad. Sobre este punto, López Goldaracena adelanta que si se declarase el caso amparado en esta norma “impidiéndose la prosecusión de esta denuncia”, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre su inconstitucionalidad.