La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.
Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976. No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.
En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.
Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.
Que no se repita
“Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.
Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión. Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.
Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado. Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”.