La agrupación parlamentaria del Partido Nacional (PN) resolvió ayer votar en contra de la figura del coordinador departamental incluida en el proyecto de ley presupuestal. Los jefes comunales nacionalistas, en cambio, decidieron esperar las explicaciones del presidente José Mujica antes de pronunciarse, a raíz de un pedido del frenteamplista Marcos Carámbula.

La “ley madre” en su artículo 87 habilita a la Unidad Ejecutora “Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República” a crear hasta 18 cargos de coordinador departamental. Establece que éstos serán “de particular confianza” y se remite a una ley de 1986 sobre remuneraciones de funcionarios de particular confianza. Según esta norma, los coordinadores percibirán un salario equivalente al del director nacional de Trabajo o el tesorero general de la nación, es decir, unos 39.000 pesos nominales.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, dijo ayer en entrevista con El Espectador que podrían utilizarse cargos de funcionarios ya existentes, con lo cual no generarían nuevos sueldos. Los coordinadores deberán “articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de éstas”. Los detalles del cargo quedarán librados a la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 180 días.

El PN ya había anticipado su rechazo a la iniciativa y así lo ratificó ayer su agrupación parlamentaria. La diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional, Una) dijo a la diaria que el motivo fundamental es que se procura solucionar “la ineficiencia de las empresas públicas y de los ministerios creando más burocracia, más gasto y más carga para los contribuyentes, cuando en realidad debería mejorarse la eficiencia de los ministerios”. Por otra parte, Piñeyrúa afirmó que le preocupan las declaraciones de la senadora emepepista Lucía Topolansky, quien sostuvo que los coordinadores serán “los ojos y oídos” del presidente. En este sentido, consideró que se busca tener una figura política y cuestionó que se legisle sobre “la cáscara pero sin contenido”. “Crear una figura sin darle un marco, una función, para mí es inconstitucional”, sentenció.

Su correligionario Javier García (Alianza Nacional) había propuesto impulsar un referéndum para derogar la iniciativa en caso de que se apruebe, pero la agrupación blanca prefirió no adelantarse a los acontecimientos. “El presupuesto recién empieza a tratarse, y esperamos encontrar en el Poder Ejecutivo la receptividad que corresponde”, indicó Piñeyrúa.

En tanto, los intendentes blancos pospusieron la discusión que pensaban dar ayer por este tema en el Congreso de Intendentes. El jerarca departamental canario Marcos Carámbula pidió a los demás intendentes que antes de pronunciarse escuchen los argumentos de Mujica. Transmitió la voluntad del presidente de asistir al Congreso para exponer sus argumentos, y los blancos se mostraron abiertos a esa posibilidad. “No quisimos abrir juicio decididamente hasta no saber en profundidad la idea del presupuesto. De cualquier manera, no estamos de acuerdo en que se utilice en ningún caso un recurso para crear más cargos y más burocracia”, aclaró el maragato José Luis Falero (Una).