Las leyes de presupuesto, más allá de repartir fondos públicos (y de contrabandear otras normas de variadísima índole), les sirven a los gobiernos para transmitir sus pronósticos en materia económica y sus prioridades políticas. Son, por lo tanto, herramientas de comunicación tanto como de administración. Después de todo, las distintas oficinas públicas tienen cierto margen para acomodar los números que les tocan en suerte, que también se van corrigiendo en los tres años siguientes a través de las rendiciones de cuentas.

Los redactores del proyecto del Poder Ejecutivo avizoran un horizonte de “moderado optimismo”: previeron un crecimiento económico de 6,5% para 2010, de 4,5% para 2011 y de 4% para los tres años siguientes (porcentajes elevados pero inferiores al promedio anual de 6,1% durante la presidencia de Tabaré Vázquez, que partía de un producto interno bruto bastante esmirriado por la crisis), una expansión anual de las exportaciones de entre 4,4% y 5%, una inflación que se atemperaría a 5% a partir de 2013 y un incremento de la masa salarial de entre 3% y 4%, por ejemplo. Las predicciones dan por descontado “un contexto internacional y regional favorable”, acorde con la visión de organismos internacionales y firmas calificadoras de riesgo financiero.

La exposición de motivos cita a Bloomberg y al FMI, que en el pasado sólo percibían las crisis cuando los fondos de inversiones cruzaban la calle a las corridas y con la luz roja. El trazado de “contextos” futuros es una cuestión de fe. La realidad depende de factores imprevisibles, entre ellos los caprichos del capital. De todos modos, el gobierno de José Mujica no se conformó con formular hipótesis. También declaró en el artículo 85 del proyecto sus intenciones de prudencia. La cláusula supedita “el incremento en las asignaciones presupuestales autorizadas para cada ejercicio […] al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del producto”. Nada dice este artículo sobre su eventual aplicación, pero el propósito es claro: si el escenario se embroma, habrá cambio de planes. Un presupuesto con paraguas.

El segundo capítulo del proyecto, de los artículos 6 al 75, ha sido presentado por el gobierno como una reforma del Estado. Su alcance real es bastante más modesto, pues se refiere sólo a los recursos humanos. En parte, la idea es permitir el movimiento de funcionarios entre organismos estatales, racionalizar modalidades de contratación que se prestan al chatarrerío (pasantías, becas y convenios “caché”) y alentar la eficiencia y el presentismo a través de bonificaciones.

En buena medida, la discusión pública de los proyectos de presupuesto y de rendición de cuentas deja de lado los capítulos de inversiones y se concentra en las cuestiones salariales, sobre todo en el tira y afloje entre sindicatos estatales y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta puja se había atemperado en el pasado período por las afinidades entre la dirigencia del PIT-CNT y el oficialismo, pero ya en marzo los cuestionamientos del entonces flamante presidente hacia el funcionariado hacían prever cortocircuitos. Los enfrentamientos cruzados se trasladaron al interior del Frente Amplio y la central sindical, a través de los vasos comunicantes existentes entre las agrupaciones gremiales y los sectores de la coalición. Ninguna ley de presupuesto termina aprobada tal cual la remitió el Ejecutivo al Parlamento, y ésta no será la excepción. Lo peculiar de este caso es la incidencia de conflictos entre grupos políticos representados en el gabinete por ministros que avalaron el proyecto con su firma. Mujica se ha ufanado de saber dar marcha atrás, pero para que no se le quiebre el disco todos tienen que ceder en algo.

El gobierno de Vázquez inició un proceso de recuperación salarial en algunos sectores postergados del Estado, no en todos. Los sueldos de maestros y profesores avanzaron mucho en términos relativos, aunque en términos absolutos aún dejan bastante que desear. El gobierno de Mujica desaceleró ese proceso y abrió otros, el más notorio en el Ministerio del Interior. La alegría va por barrios. Pero cada colectivo vela por sus propios intereses. La muestra más clara de eso no es la actitud beligerante de COFE, sino la de la corporación más privilegiada e indecente del país, la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que no vaciló en poner en peligro los aumentos propuestos para el pauperizado personal subalterno con su pretensión de elevar sus ya enormes ingresos y mantener sus prebendas.

En medio de la habitual tormenta presupuestal, el gobierno parece empeñado en transmitir un mensaje de austeridad, prudencia y ecuanimidad. Sin embargo, ese mensaje se desdibuja con el propuesto aumento de sueldos para los ministros. Al compararlos con los gerentes del sector privado, Mujica dejó de lado el carácter político de la tarea ministerial, su sentido de misión. ¿O acaso estaba sugiriendo que, como la retribución es mala, se ha resignado a tener un gabinete mediocre?